El falsificador del 11-M vuelve a juicio

Cuando entró en la sala, lo primero que hizo Nasreddine Amri fue corregir al magistrado de la sección 22 de la Audiencia de Barcelona. "Amri", repitió, para que el juez pronunciase debidamente su apellido. Luego se sentó de nuevo e insistió en que no iba a declarar. Amri lleva al menos 14 años en España, donde llegó desde Túnez. En todo ese tiempo ha chupado mucho banquillo, pero de los de madera de pino de los tribunales, y siempre por lo mismo: falsificación documental. La última causa se juzga desde el martes en la Audiencia Provincial de Barcelona. La fiscal pide para él siete años y medio de prisión por falsificar documentos en una cincuentena de matrimonios falsos entre ciudadanos tunecinos y mujeres francesas.

En su expediente, Amri, de 37 años, acumula varias causas por haber falsificado documentos públicos. La más grave de todas data del 3 de abril de 2007. Ese día, varios policías acudieron a la que era su casa en Vidreres (La Selva), y le detuvieron por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, acusado de haber ayudado a dos de los hombres implicados en los atentados del 11-M en Atocha, en 2004, que se cobraron la vida de 191 personas. Amri fue condenado a dos años de prisión por haber facilitado documentación falsa a dos de las personas que posteriormente huyeron a Bélgica. El fiscal pedía para él 13 años, porque le acusaba además de formar parte del grupo terrorista.

Desde entonces, lejos de haberse mantenido fuera del mundo delincuencial, Amri se ha visto implicado en más casos de presunta falsificación. Otro sonado lo protagonizó a finales de 2007. Entonces, según la fiscalía, el hombre falsificó un documento del Gobierno, con la firma del ex consejero de Obras Públicas Joaquim Nadal. El objetivo era conseguir un piso de protección oficial, en una obra pública de Vidreres. Así que creó un documento, como si fuese oficial, y lo introdujo en los buzones de todos los vecinos de la promoción. En este aseguraba que debían abandonar su vivienda en 60 días. Pasados unos días acudió a uno de los pisos, en un momento en el que estaba vacío, cambió la cerradura y se instaló dentro. Cuando llegó el propietario, esgrimió que él tenía un contrato de alquiler, y le enseñó de nuevo un documento falsificado, también con la firma del exconsejero. Por estos hechos, los Mossos le detuvieron el 4 de febrero de 2008 y el fiscal pidió para él tres años de prisión.

Pero su carrera no acabó ahí. Amri fue detenido de nuevo el 26 de abril de 2011 en su casa, en Sils (La Selva), por una causa que se juzga desde el martes en la Audiencia Provincial de Barcelona y por la que permanece en prisión provisional desde entonces. Altivo, y negándose a llegar a un acuerdo con la fiscalía para evitar la celebración del juicio, Amri escuchó sobre lo que él pesa.

La policía le implica en una organización criminal, que parte de Francia, que se dedicaba a concertar matrimonios falsos entre ciudadanos tunecinos y mujeres de origen francés. De esa forma, ya en España, pedían la tarjeta de familiar de residente comunitario, que da permiso para trabajar en España y moverse libremente por Europa. La prueba principal contra él la halló la policía de noche, en un seguimiento, cuando Amri les llevó, sin saberlo, hasta un trastero en Maçanet de la Selva. Allí tenía impresoras, escáner y demás material para elaborar falsificaciones de calidad.

Junto a él los agentes detuvieron también a Sassi Ghrab, acusado de acompañar y hacer de traductor a las parejas implicadas. Ghrab también fue arrestado en junio del año pasado por enaltecimiento del terrorismo, aunque quedó en libertad. Él sí declaró ante el juez, y aseguró que desconocía la actividad ilegal de Amri.