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El ‘caso de los aparcamientos’ tumba a Pedro Castro y otros concejales en Getafe

El exalcalde y tres ediles socialistas más pactan marcharse este miércoles Sylvia Uyarra, de IU, entrega el acta tras ser imputada por posible prevaricación y cohecho

Pedro Castro, regidor socialista del Ayuntamiento de Getafe (172.000 habitantes) de 1983 a 2011, y otros tres ediles socialistas —José Manuel Vázquez, portavoz del grupo municipal y exedil de Urbanismo, Cristina González, exresponsable de Obras, y David Castro, antiguo titular del Área de Hacienda— comunicaron anoche su decisión de devolver hoy sus actas “por responsabilidad” y “para que el PP no siga haciendo demagogia y manchando el buen nombre de la ciudad”, según declaraba el comunicado del PSOE.

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Sylvia Uyarra, concejal de IU en la localidad, ya materializó ayer su renuncia. “Por encima de mi propia categoría de edil están mis principios. Siempre he abogado por la transparencia”, dijo Uyarra, que ocupaba el cargo desde 2003.

Hace cuatro días, el Juzgado de Instrucción número 7 dictó un auto en el que incoaba el procesamiento de los concejales dimisionarios y varios funcionarios del Ayuntamiento por la construcción de cinco aparcamientos en el municipio. El auto de la juez indica que los hechos denunciados podrían implicar prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros delitos.

Los concejales socialistas presentaron ayer un recurso ante la Audiencia Provincial y denunciaron “la campaña del PP, aunque no existe ninguna acusación firme contra ellos y no se ha procedido a la apertura de juicio”. Igualmente, recordaron que la fiscalía ha solicitado en tres ocasiones el archivo del procedimiento.

Los inicios del denominado caso aparcamientos se remontan a mayo de 2009, cuando el PP denunció la adjudicación de uno de los aparcamientos a la cooperativa Jilguero 2005; su junta directiva estaba presidida por el marido de la entonces edil de Obras, González, que había participado en la votación. Sus padres también estaban en la sociedad. Por aquel entonces, Uyarra presidía la mesa de contratación, cargo que abandonó en 2009, antes de que se destapara el caso. Fue trasladada de la Concejalía de Acción en Barrios a Formación y Empleo.

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Uyarra esgrime un informe policial que señala que “no se han constatado ingresos patrimoniales que no procediesen de sus ingresos lícitos”. “No tengo nada que ver con esos chanchullos. Me parece fatal que el resto de miembros de la mesa y yo nos hayamos visto envueltos en algo que pudieron hacer miembros del PSOE”, se defendió.

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