Declara ante el juez el alto cargo imputado por la mansión Can Juncadella

El ex director de Urbanismo de Girona y subdirector de Urbanismo del Departamento de Territorio, Camil Cofan, manifestó ayer ante el juez que cuando la primera institución emitió un informe favorable al proyecto de construcción de un gran chalé de lujo en Can Juncadella, en una zona protegida junto al mar en Lloret de Mar (Selva), se ceñía a la legalidad.

Cofan y la secretaria de aquella comisión declararon ayer en el Juzgado de Instrucción 1 de Girona imputados por un presunto delito de prevaricación urbanística en espacio protegido. La imputación es consecuencia de la querella presentada por la entidad ecologista SOS Lloret. El abogado de los ecologistas aseguró que están dispuestos a llegar hasta el final para descubrir al responsable de esta “barbaridad” en espacio protegido.

La finca de Can Juncadella está integrada en el mazizo de Cadiretes, en un suelo no urbanizable de especial protección de la Red Natura 2000 como lugar de interés comunitario y está también protegido por el Plan del Sistema Costero y por el Plan de Espacios de Interés Natural. Pese a estas catalogaciones ambientales, la Comisión de Urbanismo dio el visto bueno a la construcción de un chalé de lujo mediante un informe no vinculante y desoyendo tres informes desfavorables de los servicios territoriales de Medio Ambiente.

El Ayuntamiento de Lloret otorgó la licencia de obras amparándose solo en la resolución de Urbanismo y obviando los informes medioambientales desfavorables. La construcción de la mansión, que cuenta, por ejemplo, con una sala de teatro, una sala de masajes, tres saunas, un gimnasio y más de 20 baños, se autorizó cuando era alcalde el actual diputado de CiU en el Parlament Xavier Crespo, investigado por sus lazos con la mafia rusa. El hermano de este, el arquitecto Josep Maria Crespo, estaba detrás del proyecto de Can Juncadella, propiedad de un magnate de Kazajstán.

Lloret otorgó la licencia de obras amparándose solo en la resolución de Urbanismo y obviando los informes medioambientales desfavorables

El abogado de los ecologistas, Oriol Font, explicó a la salida de los juzgados que Cofan y la secretaria de la comisión reiteraron que “ellos debían seguir la legalidad y que en base a las fichas del catálogo, y como en genérico se permiten estas cosas, consideran que es perfectamente legal y legítimo poder construir una residencia de este tipo”.

Según Font, los imputados mantuvieron que la comisión de urbanismo no tiene la competencia para analizar cuestiones de medio ambiente y sus competencias solo afectan a cuestiones urbanísticas. El letrado se mostró en desacuerdo con esta afirmación, porque, señaló, “la protección ambiental tiene un valor y se le debe reconocer y el urbanismo no puede estar por encima de la protección de un espacio natural”.