La fiscalía pide hasta 11 años de prisión para ocho acusados de explotación sexual

La fiscalía solicita penas de hasta 11 años de prisión para ocho personas, cinco mujeres y tres hombres de nacionalidad nigeriana, acusadas de explotar sexualmente a compatriotas a las que ofrecían trabajo en España y sometían a un rito de vudú para atemorizarlas.

Las víctimas, que estaban en una situación económica precaria, eran captadas en su país para, supuestamente, trasladarse a España a trabajar, pero tras ser sometidas a un rito de vudú recibían documentación falsa y una vez en España eran prostituidas por la organización, con la que contraían una deuda de unos 50.000 euros.

El ministerio público acusa a los procesados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, prostitución coactiva, trata de seres humanos y agresión sexual, con penas que oscilan entre los tres y 11 años de prisión, y multas de 5.400 euros.

La fiscalía pide también a cinco de los acusados el pago de una indemnización de 12.000 euros a dos de las víctimas, que han declarado y relatado los hechos en calidad de testigos protegidos. Además, reclama a otros tres de los procesados el pago de 6.000 euros a una menor que fue también captada por la organización con el mismo fin y amenazas.

Según la calificación provisional del fiscal, una de las testigos protegidas relata que entró en contacto con una de las procesadas en 2006, y que esta le manifestó la posibilidad de venir a España para trabajar, sin concretarle en qué tipo de actividad.

Tras someterla a un rito de vudú con el fin de atemorizarla, fue trasladada a Valencia con un pasaporte falso y prostituida para devolver 50.000 euros a la organización con la amenaza de que si se negaba su familia en Nigeria sufriría las consecuencias.

La testigo logró escapar de la organización en 2011, aunque asegura haber recibido numerosas llamadas de las procesadas, al igual que su familia, que ha tenido que cambiar de domicilio.

Otra de las testigos relata que contactó en Nigeria con otra de las acusadas, quien le manifestó la posibilidad de trabajar en una fábrica en España, pero cuando llegó a Valencia, en 2008, le exigió el pasaporte y le explicó que su trabajo era prostituirse para pagar la deuda que había contraído y que también ascendía a 50.000 euros.

Otra de la víctimas era una menor, que sufrió el mismo engaño y a la que se le exigieron 48.000 euros.

El juicio contra los ocho acusados, fijado para hoy por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, ha sido suspendido al no comparecer tres de los acusados, que se encuentran en situación de "rebeldía", ilocalizables.

La juez de la Sala, la Fiscalía y los abogados de las partes han establecido como nueva fecha para el juicio el próximo 3 de marzo.