El Puerto de Ferrol pagó 22.000 euros a consejeros sin ir a las reuniones

De enero de 2012 a julio de 2013, el puerto de Ferrol se gastó 22.166,51 euros en pagar dietas de asistencia a consejeros que no acudían a los Consejos de Administración. Lo dice un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que se ocupa de auditar las cuentas de los entes públicos, fechado en A Coruña el 2 de diciembre de 2013 y al que ha tenido acceso este diario. Destacan el caso de un consejero que percibió 4.565,66 euros y que “no asistió presencialmente a ninguna de las sesiones en 2012”. Así lo refleja este documento interno dirigido al presidente del ente y aunque los dos interventores que lo firman no lo citan explícitamente, ese consejero es Diego Calvo, presidente de la Diputación de A Coruña y concejal en el Ayuntamiento de Ferrol.

Ese año, la Autoridad Portuaria de Ferrol convocó a su consejo de administración en ocho ocasiones: 17 de enero, 2 de marzo, 27 de abril, 1 de junio, 8 de junio, 29 de junio, 5 de septiembre y 15 de noviembre. De las 15 personas que lo componen, el único que no acudió a ninguno fue Calvo, que es uno de los cuatro representantes designados por la Xunta desde 2009 para hacer valer sus intereses en el ente. En cinco ocasiones, delegó su voto en el presidente —que entonces era Ángel del Real— y otras tres, no dejó indicación alguna.

Calvo admitió ayer que había percibido esa cuantía aunque asegura que la devolvió hace unas semanas a la Autoridad Portuaria, precisamente, dijo, “por responsabilidad y para evitar suspicacias”. “Devolví las dietas íntegras aunque no lo hice público para no comprometer a otros”, manifestó, aunque matiza que “no existe obligación legal” de reintegrar ese dinero.

“Son pagos automáticos que hace el Puerto por la responsabilidad de integrar su consejo, no son dietas que se reclamen”, apunta. No es el único consejero del puerto ferrolano que faltó a las reuniones pero sí el único que, en todo 2012, no fue a ninguna. Rebobinando sobre todas las actas consultadas por este periódico que van del 29 de junio de 2009 al 12 de marzo de 2013, Calvo solo ha estado presente en 11 de los 28 consejos celebrados. El primer año asistió a tres de los cuatro convocados. Fue a cuatro de cinco en 2010 y a tres de los nueve celebrados en 2011. Tras todo un año en blanco, el 2012, regresó a la sala de juntas del puerto el 12 de marzo del año pasado. Las dietas que Calvo afirma haber reintegrado ya a las arcas del Puerto corresponderían al 2012.

Aunque hay una normativa común que rige para todas las radas de competencia estatal como Ferrol, desde la última reforma legal (2/2011) cada Autoridad Portuaria tiene libertad para fijar la cuantía de las retribuciones que dan a sus consejeros, explicó un portavoz de Puertos del Estado. Desde la rada ferrolana indican que se ciñen “a los criterios establecidos por Hacienda”, sin más precisiones. Otras fuentes consultadas apuntan que la dieta por asistencia a cada sesión ronda los 300 euros por consejero.

Las cuentas de 2012, publicadas el pasado año por primera vez en la web del puerto, especifican que la partida destinada a retribuir al consejo fue de 75.934,46 euros en total. La auditoría de Hacienda subraya que 22.166,52 del presupuesto se fueron en pagar “dietas por asistencia sin concurrencia efectiva”. Es decir, que casi una tercera parte del montante fue a parar a los bolsillos de consejeros que no asistían.

El informe de los interventores también recoge que las arcas públicas se hicieron cargo de tres multas del tráfico y alertan que los gastos por acudir a ferias se dispararon un 157% en 2012 con respecto al ejercicio anterior. Otro dato que destacan es que las aportaciones dinerarias inyectadas por la Autoridad en actividades sin contraprestación o con “escasa o nula relación con la actividad portuaria” consumieron 22.246,78 euros en 2012 y 19.502 euros hasta julio de 2013. Reprochan al ente ferrolano que anotara estas cantidades bajo el epígrafe de “servicios exteriores” ya que, a juicio de los auditores, deberían figurar en “subvenciones, donaciones y legados”. Terminan con dos recomendaciones: la primera sobre el parque móvil, para que se controle su uso, y otra genérica para que los gastos del puerto se justen a los “estrictamente necesarios para la actividad”.