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El Puerto de Ferrol pagó 22.000 euros a consejeros sin ir a las reuniones

El presidente de la Diputación de A Coruñ cobró 4.565 euros pero asegura que los devolvió

De enero de 2012 a julio de 2013, el puerto de Ferrol se gastó 22.166,51 euros en pagar dietas de asistencia a consejeros que no acudían a los Consejos de Administración. Lo dice un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que se ocupa de auditar las cuentas de los entes públicos, fechado en A Coruña el 2 de diciembre de 2013 y al que ha tenido acceso este diario. Destacan el caso de un consejero que percibió 4.565,66 euros y que “no asistió presencialmente a ninguna de las sesiones en 2012”. Así lo refleja este documento interno dirigido al presidente del ente y aunque los dos interventores que lo firman no lo citan explícitamente, ese consejero es Diego Calvo, presidente de la Diputación de A Coruña y concejal en el Ayuntamiento de Ferrol.

Ese año, la Autoridad Portuaria de Ferrol convocó a su consejo de administración en ocho ocasiones: 17 de enero, 2 de marzo, 27 de abril, 1 de junio, 8 de junio, 29 de junio, 5 de septiembre y 15 de noviembre. De las 15 personas que lo componen, el único que no acudió a ninguno fue Calvo, que es uno de los cuatro representantes designados por la Xunta desde 2009 para hacer valer sus intereses en el ente. En cinco ocasiones, delegó su voto en el presidente —que entonces era Ángel del Real— y otras tres, no dejó indicación alguna.

Rocío Mosquera, otra vocal poco asidua

La silla de consejero del puerto suena a puesto cómodo y codiciado: poco tiempo, sin desgaste político y bien remunerado a cuenta del erario público. La Xunta cuenta con cuatro representantes en el Puerto de Ferrol, todos nombres bien conocidos y no necesariamente relacionados con el mar o los entresijos portuarios. Por su Consejo ha pasado la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, cuando era gerente del Sergas. Fue designada el 29 de junio del 2009 y cesó en marzo de 2012, dos meses después de relevar a Pilar Farjas al frente de la consellería. No era de las más asiduas a las reuniones: acudió a cinco de los 20 consejos de 2009 a 2012 de acuerdo a las actas consultadas. A la ya conselleira de Sanidade la sucedió como representante de la Xunta en el consejo de administración del Puerto Cristina Ortiz, alto cargo de la Consellería de Traballo, hasta que la polémica por la ampliación de la plazas del comedor de un colegio de Oleiros para admitir a su hijo la empujó a renunciar a su ascenso. Los otros dos, además de Diego Calvo, son Raquel Arias, delegada de la Xunta en Lugo, y Pablo Ramón Fernández Asensio, que fue director de Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños.

La Xunta llegó a contar con nueve representantes, entre los que estuvieron César Aja Mariño, Leopoldo Rubido y Juan Blanco Rouco, exalcaldes de Viveiro, Cedeira y Ferrol, respectivamente. Por la Autoridad Portuaria de Ferrol también desfiló como consejera de la Xunta Ethel Vázquez Mourelle, expresidenta de Augas de Galicia y directora de Infraestructuras de la Xunta, o Sagrario Pérez Castellanos, exsecretaria general técnica de la Consellería de Sanidade que se mudó con Pilar Farjas al Ministerio de Sanidad de Ana Mato y que posteriormente fichó por Coca Cola.

Calvo admitió ayer que había percibido esa cuantía aunque asegura que la devolvió hace unas semanas a la Autoridad Portuaria, precisamente, dijo, “por responsabilidad y para evitar suspicacias”. “Devolví las dietas íntegras aunque no lo hice público para no comprometer a otros”, manifestó, aunque matiza que “no existe obligación legal” de reintegrar ese dinero.

“Son pagos automáticos que hace el Puerto por la responsabilidad de integrar su consejo, no son dietas que se reclamen”, apunta. No es el único consejero del puerto ferrolano que faltó a las reuniones pero sí el único que, en todo 2012, no fue a ninguna. Rebobinando sobre todas las actas consultadas por este periódico que van del 29 de junio de 2009 al 12 de marzo de 2013, Calvo solo ha estado presente en 11 de los 28 consejos celebrados. El primer año asistió a tres de los cuatro convocados. Fue a cuatro de cinco en 2010 y a tres de los nueve celebrados en 2011. Tras todo un año en blanco, el 2012, regresó a la sala de juntas del puerto el 12 de marzo del año pasado. Las dietas que Calvo afirma haber reintegrado ya a las arcas del Puerto corresponderían al 2012.

Aunque hay una normativa común que rige para todas las radas de competencia estatal como Ferrol, desde la última reforma legal (2/2011) cada Autoridad Portuaria tiene libertad para fijar la cuantía de las retribuciones que dan a sus consejeros, explicó un portavoz de Puertos del Estado. Desde la rada ferrolana indican que se ciñen “a los criterios establecidos por Hacienda”, sin más precisiones. Otras fuentes consultadas apuntan que la dieta por asistencia a cada sesión ronda los 300 euros por consejero.

Las cuentas de 2012, publicadas el pasado año por primera vez en la web del puerto, especifican que la partida destinada a retribuir al consejo fue de 75.934,46 euros en total. La auditoría de Hacienda subraya que 22.166,52 del presupuesto se fueron en pagar “dietas por asistencia sin concurrencia efectiva”. Es decir, que casi una tercera parte del montante fue a parar a los bolsillos de consejeros que no asistían.

El informe de los interventores también recoge que las arcas públicas se hicieron cargo de tres multas del tráfico y alertan que los gastos por acudir a ferias se dispararon un 157% en 2012 con respecto al ejercicio anterior. Otro dato que destacan es que las aportaciones dinerarias inyectadas por la Autoridad en actividades sin contraprestación o con “escasa o nula relación con la actividad portuaria” consumieron 22.246,78 euros en 2012 y 19.502 euros hasta julio de 2013. Reprochan al ente ferrolano que anotara estas cantidades bajo el epígrafe de “servicios exteriores” ya que, a juicio de los auditores, deberían figurar en “subvenciones, donaciones y legados”. Terminan con dos recomendaciones: la primera sobre el parque móvil, para que se controle su uso, y otra genérica para que los gastos del puerto se justen a los “estrictamente necesarios para la actividad”.