Agbar se niega a pagar cuatro millones de euros de tarifa a Aguas Ter-Llobregat

Aguas Ter-Llobregat (ATLL) y Agbar son incapaces de hacer las paces. Ha pasado más de un año desde la privatización de la empresa pública de la Generalitat y la operación no solo continúa pendiente de los tribunales, sino que no cesa de sumar litigios. El pasado viernes el grupo presidido por Ángel Simón volvió a pedir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que haga efectiva la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) y obligue al Gobierno catalán a anular el concurso adjudicado a Acciona para entregárselo a Agbar.

Pero no es la única refriega. La compañía propiedad de Suez y La Caixa también ha llevado al contencioso las tarifas de ATLL de 2013: se ha negado a pagar el 4,2% de la factura del pasado año, lo que supondría una horquilla de entre cuatro y cinco millones de euros, según fuentes próximas a las compañías y a la Generalitat. Agbar llegó a solicitar medidas cautelares que anularan esas tarifas e incluso argumentó que la concesión de ATLL estaba impugnada en los tribunales para negarse a asumir el incremento tarifario. El TSJC, en un auto del pasado 30 de enero, rechazó esas medidas cautelares y condenó a costas a la compañía.

El origen de este nuevo conflicto se halla en la oferta con la que el consorcio liderado por Acciona se hizo con la concesión de ATLL, que marcaba una tarifa media de 0,709 por metro cúbico. Según los cálculos de Agbar, las tarifas aprobadas por la Comisión de Precios de Cataluña, dependiente del Gobierno, suponían aumentar la tarifa un 4,2% adicional. Fuentes de Agbar aseguran que se cercioraron de ese asunto en cuanto analizaron el expediente con el que se aprobaron las tarifas de 2013. Según sus cálculos, ese desvío suponía cinco millones de euros más de ingresos por todo el sistema, del que beben diferentes operadores. Agbar solicitó poder repercutir ese incremento a las tarifas que cobra a sus clientes y apunta que la Administración no se lo permitió.

Fue así como Agbar acabó llevando el caso ante la Agencia Catalana del Agua (ACA), que considera que el grupo no tenía razón, y después al TSJC. Aunque el proceso judicial sigue abierto, el ente público de abastecimiento Ter-Llobregat ha seguido las instrucciones de ATLL y ha iniciado el procedimiento de apremio para que Agbar pague la cuantía, que según fuentes cercanas a la Administración alcanzarían en torno a los 400.000 euros mensuales, unos 4,8 millones de euros por todo el año. Desde la empresa privada reducen ese impacto a un máximo de cuatro millones de euros, si bien no concretan la cifra.

El año pasado, Agbar compró agua a ATLL por un importe superior a los 70 millones de euros. Es, con diferencia, el principal cliente de la empresa privatizada al ser el suministrador de 23 municipios solo en el área Metropolitana, entre ellos Barcelona. Además, Sorea, otra filial de Agbar, controla las concesiones de otros municipios catalanes que beben de ATLL.