La Junta paga la dependencia y deja sin coartada al alcalde de Jaén
El conflicto llega a los tribunales para dirimir quién debe prestar el servicio
La última semana se han cumplido dos meses desde que el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), consumara su amenaza y convirtiera a su Ayuntamiento en el primero del país en renunciar a la ayuda a domicilio, la principal prestación incluida en el catálogo de la Ley de la Dependencia. El Consistorio jiennense rompió unilateralmente el convenio que tenía suscrito con la Junta bajo el argumento de la elevada deuda que mantenía la Administración andaluza.
Coincidiendo con los dos meses de conflicto, que no de vacío en el servicio que sigue prestando por su cuenta la empresa concesionaria, la Junta ha saldado la deuda que mantenía con el Ayuntamiento jiennense al transferir la semana pasada los últimos 319.000 euros que debía, sobre los dos millones que se reclamaban en un principio. De este modo, la Administración andaluza desbarata la coartada principal que utilizó Fernández de Moya para denunciar el convenio y abandonar la gestión de la ayuda a domicilio el pasado 3 de diciembre. “El Ayuntamiento tiene que normalizar ya la situación, las personas dependientes están por encima de cualquier interés partidista”, señala María Ángeles Jiménez, delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Usuarios sin atención y despidos en la concesionaria
La decisión sin precedentes del Ayuntamiento de Jaén de no gestionar la ayuda a domicilio de la dependencia empieza a cobrarse ya los primeros afectados. Al menos una decena de grandes dependientes, a los que ya se valoró y se les reconoció la prestación, no cuentan con atención alguna porque el patronato de Asuntos Sociales no ha tramitado el alta correspondiente, según Miguel Ángel Cazalilla, responsable de Dependencia de UGT en Jaén. Son los principales perjudicados, pero no los únicos. La participación municipal tras abandonar el servicio se limita a la recepción de documentación y la elaboración del Programa Individualizado de Atención (PIA), pero luego las altas no se tramitan. De este modo, las personas que interrumpen transitoriamente el servicio, bien por alguna hospitalización o por cambio temporal de residencia, encuentran luego dificultades para retomarlo. Tampoco existe reposición de las bajas por fallecimiento o por extinción del servicio. Por tanto, se da por seguro que la cifra de 422 dependientes incluidos inicialmente en el convenio entre Junta y Ayuntamiento se ha reducido notablemente.
Otros ancianos quieren incorporarse al servicio pero son conscientes de que no es el mejor momento por los recortes. Es el casos, por ejemplo, de Manuel Ortega que, con 86 años, tiene a su cargo a su esposa, de 81 años, enferma de Alzheimer, y a su hijo, de 43, con síndrome Down. Ellos sí tienen cuidadora, pero solo durante dos horas diarias. O Tomás Beltrán, de 92 años, al que le resulta insuficiente las dos horas diarias que una cuidadora atiende a su esposa, de 90 años. “Claro que necesitamos más atención, pero con el follón que tienen los políticos...”, se lamenta.
El principal reflejo de que la ayuda a domicilio no se presta con regularidad es que la plantilla de la empresa concesionaria ha pasado en los dos últimos meses de 200 a 160 cuidadoras. Y al 30% de las que quedan se le han reducido las horas de trabajo a menos de la mitad de una jornada laboral. “Las que quedamos seguimos con una gran incertidumbre porque cada vez se nos reducen más las horas porque no hay altas nuevas”, admite Mari Carmen García, presidenta del comité de empresa. A la merma de la plantilla también ha contribuido el hecho de que la Junta de Andalucía no haya prorrogado aún el decreto contra la exclusión social que expiró el 31 de diciembre y con el que se hicieron varias contrataciones para la dependencia.
En los últimos días se advierte un mayor acercamiento entre el Ayuntamiento y la Junta. La concejala de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, ha mostrado su disposición a “sentarse” a dialogar con la Junta. Eso sí, un diálogo condicionado a la última propuesta de convenio planteada por el alcalde y que pasa por el compromiso de la Junta de abonar los pagos de la dependencia en un plazo máximo de 60 días y, de no ser así, obligarle a pagar los intereses de demora.
Aunque el Gobierno andaluz no se ha pronunciado aún sobre esta propuesta, hay otro aspecto que separa a las dos instituciones: la competencia de la gestión del servicio. El alcalde reitera una y otra vez que se trata de una tarea “exclusiva” de la Junta, mientras que la Administración autonómica se remite a la Ley de Servicios Sociales Comunitarios para recordar que la gestión compete a los Ayuntamientos. También la Fiscalía de Jaén, que instó a la Junta a normalizar los pagos, afirmó que se trata de una responsabilidad municipal.
Y ese escollo es el que parece abocado a resolverse en los tribunales. Tras fracasar las negociaciones previas, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales interpuso un recurso contencioso-administrativo al constatar que la dejación de funciones del Ayuntamiento estaba afectando a las personas dependientes. Pero como el contencioso sobre el fondo del asunto puede alargarse en el tiempo, la Junta ha pedido al juez que decrete medidas cautelares y ordene la restitución de la gestión municipal de la ayuda a domicilio. Y ese fallo es el que aguarda ahora la Junta.
El alcalde jiennense hace, sin embargo, una interpretación muy distinta del momento judicial. El Ayuntamiento presentó la semana pasada las pertinentes alegaciones al auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Jaén, que le instó a pronunciarse antes de resolver sobre la petición de la Junta de medidas cautelares. Y en esas alegaciones, el Consistorio insiste en que “la Junta tiene la competencia exclusiva en materia de dependencia”, puesto que hay que diferenciar la ayuda a domicilio municipal (que sí presta el Ayuntamiento con normalidad a 179 usuarios) y la prestación del servicio de dependencia (por el que hay afectados más de 400 usuarios). Además, el alcalde recuerda que el Ayuntamiento denunció en tiempo y forma el convenio y, sin embargo, la Junta no impugnó esa denuncia.
Así las cosas, la ayuda a domicilio incluida en la Ley de Dependencia se sigue prestando gracias a la paciencia y profesionalidad de las trabajadoras y la empresa concesionaria, Multiservicios Jabalcuz, a pesar de que el Ayuntamiento le adeuda más de un millón y medio de euros. “Estamos dispuestos a seguir con el servicio y ser solidarios con los usuarios”, apunta Rafael Cabrera, responsable de la concesionaria, que critica el enfrentamiento político: “Primero deben ser las personas y después las otras cosas, pero parece que estamos dejando atrás a las personas”. Cabrera, que solo adeuda la nómina de enero a las cuidadoras, pide a ambas partes que lleguen a un rápido acuerdo.
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