La Junta aplaza una solución para La Utopía hasta que se reúna con Zoido

El defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y la Junta de Andalucía han hecho este viernes un llamamiento al Ayuntamiento de Sevilla para que dé una solución a los vecinos de la corrala La Utopía, un edificio ocupado por una treintena de familias en mayo de 2012, después de que el juzgado haya decretado el desalojo forzoso del inmueble. "El Ayuntamiento tiene en la capital 389 viviendas vacías", ha argumentado la delegada de Vivienda, Granada Santos. La responsable ha invitado al Consistorio a que la próxima semana se sienten a negociar una alternativa para estas familias. De aceptar la proposición, ha señalado, ambas Administraciones solicitarán al juez un aplazamiento del desahucio, petición a la que se sumaría el Defensor.

Maeztu convocó para este viernes una reunión con ambas Administraciones y con las familias para trasladarles la decisión tomada por Ibercaja (propietaria del inmueble) sobre el proyecto presentado por los vecinos. A la reunión no ha acudido el Consistorio, según Maeztu, por la premura de la convocatoria. "Es intolerable que el Ayuntamiento no haya estado en la reunión, máxime cuando es la responsable de la situación de estas familias", ha asegurado Santos, quien ha señalado, sin precisar más detalles, que la Administración andaluza está trabajado para que estas familias no se vean en la calle. "Si el Ayuntamiento no cede a alojarlas en sus viviendas vacías, la consejería le presentará su propuesta", ha afirmado Santos tras recordar que la Junta tiene ocupada todos sus inmuebles en la capital.

Por su parte, el Ayuntamiento ha relacionado su ausencia con la imposibilidad de "modificar la agenda de la delegada" y ha recordado que durante estos meses ha participado en todas las reuniones que ha habido. Asimismo, ha apuntado que ya ha remitido al Defensor los informes sociales de 14 de las familias y que en los próximos días enviará tres más (hay dos pendientes de ser firmados por los vecinos).

Según ha explicado Maeztu a las familias, la entidad bancaria rechazó el proyecto presentado por las vecinos, que contemplaba la concesión de un alquiler social en estas viviendas y la cesión de los locales comerciales, pero les ofrecía poder acogerse a su programa de alquiler social durante un año en otros inmuebles. Según recuerda la entidad, que se ha limitado a rubricar las palabras del defensor, cinco de las 36 familias que ocuparon el edificio ya se benefician de dicho programa. "Solo es una solución pasajera, después de esos meses, nos veríamos otra vez en la calle", afirma Toñi Rodríguez, una de las vecinas de la corrala.

Hace unas semanas, el defensor inició una actuación de oficio para investigar la existencia de viviendas, propiedad de la empresa municipal de Sevilla Emvisesa, vacías y sin ocupar. "Las diversas ocupaciones de viviendas públicas y privadas acrecienta la necesidad de que se dé prioridad a esta problemática desde las Administraciones competentes", ha asegurado este viernes Maeztu.