Alaya cree que Rivas influyó para “regalar” fondos públicos a allegados

Cuando están a punto de cumplirse tres años desde que Mercedes Alaya imputara en el caso de los ERE al ex delegado provincial de Empleo de Sevilla, Antonio Rivas, el ex alto cargo ha conocido este viernes los delitos que le atribuye la juez: prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Rivas compareció ante la juez, pero se acogió a su derecho a no declarar. El exdelegado ha entregado a Alaya un escrito en el que pedía que se grabara su declaración, que le informara de las pruebas de la Guardia Civil para atribuirle un enriquecimiento ilícito y le entregara el último atestado sobre el ERE de Mercasevilla, pero la juez no ha atendido ninguna de estas peticiones.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para Rivas una fianza de responsabilidad civil de 5.579.696 euros, el equivalente al importe de las pólizas pagadas por la Junta de Andalucía en cinco expedientes en cuya autorización intervino como delegado de Empleo y que Alaya destaca en su escrito de imputación: Mercasevilla, Intesur, Surcolor, Aglomerados Morell y Calderinox. La juez deja fuera de la imputación la acusación de la Guardia Civil sobre el supuesto “incremento patrimonial ilícito” conseguido por el ex alto cargo durante los diez años que dirigió la Delegación de Empleo (de 2000 a 2010).

En el acta de la comparecencia de ayer, Alaya sostiene que Rivas autorizó “un considerable número” de Expedientes de Regulación de Empleo de empresas que recibieron subvenciones sociolaborales de la Junta “con total ausencia de procedimiento”. En algunos de ellos, según la juez, el exdelegado favoreció la inclusión de intrusos con los que mantenía alguna relación familiar o de amistad o que estaban vinculados al PSOE, UGT o CC OO.

Alaya asegura que Rivas conocía esta falta de procedimiento y la aprovechó para “influir” en la concesión de las ayudas “regalando fondos públicos” a personas próximas a él, “así como en la inclusión de ciertos intrusos”. La juez cree, además, que, en algunos casos, la Junta asumió “arbitrariamente” a través de Rivas obligaciones económicas que eran de la empresa que presentaba el ERE.

En la mayoría de estos expedientes, según Alaya, Rivas actuó conjuntamente con Juan Lanzas, exsindicalista de UGT y considerado uno de los cerebros del supuesto fraude. Pero la juez sostiene que el exdelegado, “como máxima autoridad laboral”, era el que ejercía influencia sobre el Dirección General de Trabajo para que incluyera a intrusos o pasara por alto irregularidades.

El abogado de Rivas, Jon Ander Sánchez, defiende que ninguno de los expedientes que autorizó presentaba irregularidades, ni se ha constatado la existencia de intrusos. El letrado ha instado a la juez a distinguir entre los ERE y las pólizas de prejubilación. “Ninguna irregularidad se ha producido en los primeros y la negociación, tramitación y aprobación de las pólizas no era en absoluto responsabilidad ni competencia del señor Rivas”, alega el abogado.