El expresidente de Ferrocarrils que malversó 2,7 millones vuelve a prisión

Han pasado 19 meses desde que Enric Roig y Antoni Herce fueran condenados, en sentencia firme, a cuatro años y medio de cárcel por malversar 2,7 millones de euros de Ferrocarrils de la Generalitat. Pese a la gravedad de las penas y de los hechos, los expresidentes del organismo apenas habían pasado, hasta ahora, 48 días entre rejas: los suficientes para que el Departamento de Justicia, que encabeza Germà Gordó, les concediese el tercer grado, o sea el régimen de semilibertad que les obliga a ir a prisión solo a dormir.

La situación se ha complicado para Herce, que desde hace unos días vuelve a pasar las 24 horas del día en Quatre Camins, en una celda ubicada en el Departamento de Medidas de Seguridad (DMS), el área de la prisión barcelonesa destinado a personas que necesitan una especial protección; por ejemplo, policías. La Audiencia de Barcelona ha rechazado el último recurso que Herce —que sucedió a Roig al frente de la entidad en 1999— presentó para seguir disfrutando del tercer grado.

La Audiencia de Barcelona ha confirmado la resolución del juez de vigilancia penitenciaria, que anuló el régimen abierto por la gravedad del delito y por la “escasa fracción de condena cumplida”. En su respuesta al recurso de la defensa de Herce, los magistrados admiten que el condenado cumple la mayoría de requisitos para que se le otorgue el tercer grado (vínculos familiares, ausencia de antecedentes, disposición a abonar la responsabilidad civil) pero subrayan que actuó con desmedido ánimo de lucro y que no ha asumido del todo su responsabilidad en los hechos.

La tesis de la Audiencia sobre la falta de contrición coincide con la expresada, en su día, por la fiscalía, que atribuyó el supuesto “arrepentimiento” de los dos expresidentes “más al temor al castigo que al rechazo de la actividad delictiva”. Y por el propio juez de vigilancia penitenciaria, que en el caso de Herce escribió: “Mantiene un discurso de autocrítica que no se corresponde con el contenido de la sentencia”.

En mayo de 2011, la Audiencia de Barcelona condenó a seis años de cárcel a los dos excargos públicos por haber creado, veinte años antes, un fondo de pensiones ilegal que fue repartido entre una quincena de directivos del operador ferroviario de la Generalitat. Otro procesado, Albert Vilalta —que fue consejero de Medio Ambiente en uno de los gobiernos de Jordi Pujol— resultó absuelto porque el delito de prevaricación que cometió al firmar el fondo de pensiones había prescrito.

La sentencia definitiva llegó, rebajada, un año más tarde: el Tribunal Supremo fijó en cuatro años la pena de cárcel para Roig y Herce por malversación, que también quedaban obligados a devolver el dinero sustraido. Los exdirectivos intentaron eludir el ingreso en prisión mediante la petición de un indulto que el Gobierno central denegó. En mayo del año pasado, ingresaron en prisión hasta que, 48 días más tarde, les fue concedido el tercer grado penitenciario. Durante este tiempo, han dormido en un centro abierto de la Generalitat. En el de la Trinitat sigue, según fuentes penitenciarias, Enric Roig, que presidió la empresa pública entre 1993 y 1999.