Avalancha de demandas por preferentes ante los jueces

Los juzgados de la ciudad de Valencia registraron el año pasado una “masiva entrada” de demandas por “productos financieros complejos”, fundamentalmente cuotas participativas y preferentes, según explicó este lunes el decano de los magistrados Pedro Viguer. Dichos productos fueron vendidos sobre todo en los últimos años de euforia económica y durante el arranque de la crisis financiera y se caracterizan por ser a perpetuidad, carecer prácticamente de mercado (esto es, sus titulares no pueden desprenderse de ellos) y haber provocado fuertes pérdidas a sus propietarios. Una de las quejas más generalizadas entre estos consiste en afirmar que no les explicaron correctamente en qué consistían los productos cuando los adquirieron.

De ser una cuestión poco relevante, la Ciudad de la Justicia pasó a registrar 2.002 demandas desde febrero del año pasado, cuando se empezó a controlar por parte del decanato, hasta diciembre. Y la tendencia se mantiene: en enero de 2014 se contabilizaron 272 demandas por el mismo motivo. Viguer no disponía de los datos, pero admitió que en la mayor parte de los casos debían ser productos comercializados por Bancaja, la caja valenciana que se integró en Bankia.

Los juzgados de Valencia experimentaron globalmente el año pasado un descenso en la entrada de asuntos. Especialmente en el ámbito contencioso-administrativo, donde cayeron un 20,7%. Viguer dio la bienvenida a la bajada aunque señaló que en buena parte parece responder al incremento de tasas introducida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, muy discutida por los profesionales jurídicos y que está recurrido ante el Tribunal Constitucional. El problema, señaló, no son las tasas sino si estas son “proporcionadas”.

El orden judicial que peor se encuentra, destacó, es el de Lo Social, que el año pasado manejó 10.000 asuntos relacionados con despidos frente a los 4.000 del año 2007.

Viguer consideró inviable que la juez instructora de la investigación sobre el accidente de metro de Valencia en 2006 pueda ser apartada del caso, como ha planteado la asociación de víctimas, porque contravendría el artículo 24 de la Constitución. Y defendió a la magistrada Nieves Molina, a quien calificó de “magnífica profesional”.