Los directores no tienen prisa por aplicar el 25% de clases en español

Los cinco colegios afectados por los últimos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que los obliga a imponer un mínimo del 25% de las clases en castellano a ocho alumnos apurarán al máximo el mes que les da la justicia para hacer modificaciones en las aulas. La decisión final se debe corroborar esta tarde, pero este es el principio que defienden las escuelas concertadas —que son cuatro de las cinco implicadas— y así se lo hicieron saber este lunes a la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, en una reunión para analizar los autos y empezar a diseñar la estrategia y los argumentos que definirán el recurso que presentará la Generalitat el viernes. “Tenemos un mes de plazo, no tenemos ninguna prisa en aplicar nada”, dijo uno de los asistentes del encuentro.

Las resoluciones causaron un fuerte impacto el viernes y hasta la consejera Rigau llegó a acusar al tribunal de “extralimitarse”. La novedad de los nuevos autos respecto a las sentencias desde que se inició el conflicto judicial en 2006 es que los magistrados ponen cifra a la presencia del castellano en las aulas: 25% mínimo de las horas lectivas, una medida que se dicta ante la inactividad de la Generalitat, que ha hecho oídos sordos a la doctrina establecida por el Supremo, que obligaba al Gobierno catalán a fijar ese porcentaje.

Los autos dan a los colegios

Esa es la razón de que ahora la justicia haya pedido que sean los directores quienes ejecuten la sentencia y pongan los medios para que el castellano sea lengua vehicular en al menos el 25% de la jornada escolar. Los últimos autos dan a los responsables de los centros un mes para aumentar las horas en castellano. Si no, se arriesgan a multas económicas e incluso inhabilitación de hasta un año. A pesar de ello, el único director de un centro público, Pere Salvador, del IES Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles, no se mostraba preocupado por el ultimátum judicial. “No me preocupa demasiado ni la multa ni la inhabilitación”, aseguró a TV-3.

El TSJC no hace diferencias de titularidad y su resolución afecta a públicos y concertados, remitiéndose al artículo 103.3 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, que dice que “todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida por los jueces y tribunales de lo contencioso-administrativo para la debida ejecución de lo resuelto”.

Rigau no quiso hacer declaraciones tras la reunión, pero por la mañana apuntó que el recurso que presentarán incidirá en la especificidad de la escuela concertada. “Hay que afinar el recurso porque tratan a todos los centros por igual, pero no lo son. También hay que ver qué pasa porque los padres han firmado un papel en el que aceptan el proyecto educativo de un centro”, terció la consejera en Catalunya Ràdio. Dirigentes de Convergència i Unió especularon con la posibilidad que el resto de padres acudan a los tribunales en defensa de la inmersión.