El juez apremia al alcalde de Jaén a retomar el servicio de dependencia

Fernández de Moya, dispuesto a ceder si la Junta se compromete a pagar en 60 días

Una cuidadora atiende a una mujer dependiente en Jaén.
Una cuidadora atiende a una mujer dependiente en Jaén. j. m. pedrosa

El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), puede ver comprometida su decisión de renunciar al servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Jaén ha instado al gobierno municipal a que alegue contra el recurso planteado por la Junta de Andalucía en el que solicitaba la suspensión cautelar del decreto municipal de cese del servicio. De este modo, el juzgado insta al Ayuntamiento a retomar la prestación de forma voluntaria en el plazo de cinco días —que expira este lunes— pues, de no hacerlo, podría estimar la petición de la Administración andaluza de medidas cautelares contra la decisión municipal, que está vigente desde el 3 de diciembre.

Una competencia “exclusiva”

El conflicto por la renuncia de la dependencia en Jaén parece abocado a resolverse en los tribunales pues el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía siguen con posturas muy alejadas en torno a la competencia del servicio. El alcalde de la capital, José Enrique Fernández de Moya (PP), tiene claro que la prestación de la ayuda a domicilio de la Ley de la Dependencia es una “competencia exclusiva” de la Junta y que la participación municipal se limita a la recepción de documentación y la elaboración del expediente y del Programa Individualizado de Atención (PIA). Una competencia, asegura Fernández de Moya, que la nueva ley de la Administración Local “deja todavía más claro”. En cambio, la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez, sostiene que, a tenor de la Ley de Servicios Sociales Comunitarios, las competencias en esta materia residen en los Ayuntamientos.

Jaén fue la primera capital en denunciar el convenio con la comunidad autónoma para prestar la ayuda a domicilio. Con todo, el primer edil jiennense se muestra ahora “abierto al diálogo” con la Junta y “a que haya un nuevo convenio”. Un diálogo que la Administración andaluza está dispuesto a retomar. “La Junta no niega la mano tendida”, indicó Purificación Gálvez, quien ha elevado a la consejería la nueva propuesta del alcalde jiennense para desbloquear el conflicto. El Ayuntamiento jiennense sostiene que denunció el convenio con la Junta “en tiempo y forma”, una decisión que la Administración andaluza no impugnó.

Sobre el requerimiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Jaén, el alcalde apunta que se limita a dar un plazo de cinco días para presentar alegaciones. “En ningún momento la justicia ha resuelto que el Ayuntamiento tenga la obligación de prestar el servicio. Una vez que el juzgado proceda a la admisión o no respecto a las medidas cautelares, nos veremos en los tribunales y será muy sano para aclarar las distintas competencias”, zanja el regidor.

La decisión del juzgado es consecuencia del recurso contencioso-administrativo presentado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía por entender que el alcalde rompía unilateralmente el convenio suscrito para prestar la ayuda a domicilio y por el “perjuicio” que esa medida podía suponer para unas 450 personas dependientes de la capital jiennense, según señaló la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez. Cabe recordar que la fiscalía de Jaén ya dictaminó que era el Ayuntamiento el responsable para prestar el servicio, aunque también instaba a la Junta a abonar sus deudas.

El requerimiento judicial ha hecho reaccionar al alcalde jiennense, quien ahora parece dispuesto a dar su brazo a torcer. Fernández de Moya ha registrado en la Delegación del Gobierno de la Junta una propuesta de convenio en la que muestra la disposición municipal a retomar un servicio que, según precisa el regidor, es una “competencia exclusiva” del Gobierno andaluz. Eso sí, Fernández de Moya condiciona la vuelta del servicio a la esfera local a que la Administración andaluza se comprometa por escrito a pagar en un plazo máximo de 60 días el dinero del servicio que, a su vez, el Consistorio debe transferir o a la empresa concesionaria. De no ser así, el alcalde cree que la Junta debe garantizar también que asumirá los intereses de demora. “Vamos a ver si con esta propuesta la Junta mueve ficha”, recalca el popular.

En la nueva propuesta municipal, el alcalde de Jaén se compromete también a abrir una cuenta restringida donde vaya el dinero que la Junta ingrese en materia de dependencia. Hasta ahora, ese dinero iba a la caja única del Ayuntamiento y, tanto la oposición como las cuidadoras de la empresa concesionaria, sospechan que en ocasiones el dinero se ha gastado en otros fines.

El Ayuntamiento abandonó el servicio bajo el argumento de los continuos y reiterados impagos de la Junta, que aún hoy debe en torno a 700.000 euros anteriores al 3 de diciembre, según las estimaciones municipales. Pese al abandono del servicio, la empresa concesionaria sigue prestando la ayuda a domicilio, aunque sus responsables han admitido la difícil situación económica que atraviesan. También las 200 trabajadoras que prestan el servicio han alertado de su inseguridad laboral ante el limbo legal en el que se encuentran.

El Ayuntamiento sigue recibiendo las facturas por parte de la adjudicataria, Multiservicios Jabalcuz, aunque el alcalde admitió que aún no han resuelto qué hacer con ellas. El Consistorio sí que sigue prestando con normalidad la ayuda a domicilio de carácter municipal a otros 179 usuarios.

Un convenio cuestionado

  • El Ayuntamiento de Jaén denunció, el 1 de octubre de 2013, el convenio firmado en 2007 con la Junta de Andalucía para la prestación del servicio de ayuda a domicilio a unas 450 personas dependientes por la deuda de dos millones de euros que mantenía la Administración con el Consistorio.
  • El 18 de noviembre, fracasa la reunión entre el alcalde y la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, y el Ayuntamiento reitera que abandona el servicio.
  • El 25 de noviembre, la fiscalía abre expediente y solicita información al Ayuntamiento y a la Junta sobre el servicio.
  • El 3 de diciembre, el Ayuntamiento consuma su amenaza y se desentiende de la ayuda a domicilio. El servicio lo siguen prestando desde entonces las cuidadoras de la empresa concesionaria a las que se adeudan varias mensualidades.
  • La Junta interpone recurso contencioso-administrativo y solicita que se suspenda cautelarmente el decreto del Ayuntamiento.
  • El 4 de diciembre, la fiscalía determina en un decreto que el responsable de prestar el servicio es el Ayuntamiento de la capital, pero apremia también a la Junta de Andalucía a saldar su deuda.
  • El 12 de diciembre, el defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, anuncia su intención de mediación en el conflicto.
  • El 30 de enero de 2014, el juzgado da un plazo de cinco días al Consistorio para que alegue al recurso planteado por la Junta, y le advierte que puede tomar medidas cautelares.

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