El juez apremia al alcalde de Jaén a retomar el servicio de dependencia

El conflicto por la renuncia de la dependencia en Jaén parece abocado a resolverse en los tribunales pues el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía siguen con posturas muy alejadas en torno a la competencia del servicio. El alcalde de la capital, José Enrique Fernández de Moya (PP), tiene claro que la prestación de la ayuda a domicilio de la Ley de la Dependencia es una “competencia exclusiva” de la Junta y que la participación municipal se limita a la recepción de documentación y la elaboración del expediente y del Programa Individualizado de Atención (PIA). Una competencia, asegura Fernández de Moya, que la nueva ley de la Administración Local “deja todavía más claro”. En cambio, la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez, sostiene que, a tenor de la Ley de Servicios Sociales Comunitarios, las competencias en esta materia residen en los Ayuntamientos.

Jaén fue la primera capital en denunciar el convenio con la comunidad autónoma para prestar la ayuda a domicilio. Con todo, el primer edil jiennense se muestra ahora “abierto al diálogo” con la Junta y “a que haya un nuevo convenio”. Un diálogo que la Administración andaluza está dispuesto a retomar. “La Junta no niega la mano tendida”, indicó Purificación Gálvez, quien ha elevado a la consejería la nueva propuesta del alcalde jiennense para desbloquear el conflicto. El Ayuntamiento jiennense sostiene que denunció el convenio con la Junta “en tiempo y forma”, una decisión que la Administración andaluza no impugnó.

Sobre el requerimiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Jaén, el alcalde apunta que se limita a dar un plazo de cinco días para presentar alegaciones. “En ningún momento la justicia ha resuelto que el Ayuntamiento tenga la obligación de prestar el servicio. Una vez que el juzgado proceda a la admisión o no respecto a las medidas cautelares, nos veremos en los tribunales y será muy sano para aclarar las distintas competencias”, zanja el regidor.

• El Ayuntamiento de Jaén denunció, el 1 de octubre de 2013, el convenio firmado en 2007 con la Junta de Andalucía para la prestación del servicio de ayuda a domicilio a unas 450 personas dependientes por la deuda de dos millones de euros que mantenía la Administración con el Consistorio.
• El 18 de noviembre, fracasa la reunión entre el alcalde y la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, y el Ayuntamiento reitera que abandona el servicio.
• El 25 de noviembre, la fiscalía abre expediente y solicita información al Ayuntamiento y a la Junta sobre el servicio.
• El 3 de diciembre, el Ayuntamiento consuma su amenaza y se desentiende de la ayuda a domicilio. El servicio lo siguen prestando desde entonces las cuidadoras de la empresa concesionaria a las que se adeudan varias mensualidades.
• La Junta interpone recurso contencioso-administrativo y solicita que se suspenda cautelarmente el decreto del Ayuntamiento.
• El 4 de diciembre, la fiscalía determina en un decreto que el responsable de prestar el servicio es el Ayuntamiento de la capital, pero apremia también a la Junta de Andalucía a saldar su deuda.
• El 12 de diciembre, el defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, anuncia su intención de mediación en el conflicto.
• El 30 de enero de 2014, el juzgado da un plazo de cinco días al Consistorio para que alegue al recurso planteado por la Junta, y le advierte que puede tomar medidas cautelares.