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La juez Alaya amplía la investigación a UGT y CC OO del País Vasco

La UCO sostiene que Vitalia hizo dos pagos a las centrales de Euskadi en 2007

La juez Mercedes Alaya entrando a los juzgados el pasado viernes Ampliar foto
La juez Mercedes Alaya entrando a los juzgados el pasado viernes

La juez Mercedes Alaya ha dado un paso más en el escrutinio del dinero que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras cobraron del fondo de los ERE de la Junta de Andalucía. La juez que investiga los supuestos ERE fraudulentos ha ordenado a los dos sindicatos que le comuniquen los números de cuentas bancarias con los que operan diariamente para los gastos corrientes de su organización, donde reciben ingresos, emiten pagos, domicilian recibos “y cualquier actividad que esté relacionada con su actividad”.

En un auto fechado el 17 de enero, Alaya solicita toda la información necesaria para indagar en los movimientos bancarios de los sindicatos y pone el foco en el flujo de dinero que mantuvieron con las federaciones regionales y estatales de UGT y CC OO algunas federaciones sectoriales: por parte de Comisiones, las federaciones andaluzas de industria y agroalimentaria (Feagra); respecto a UGT, las agroalimentaria (FTA) de Cádiz, la andaluza de Metal, Construcciones y Afines (MCA) y la de industria (FIA). Sorprendentemente, Alaya pide también toda la información sobre las cuentas de CC OO y UGT en el País Vasco sin que, hasta el momento, haya trascendido ningún apartado de la investigación que vincule a las centrales vascas con el supuesto fraude de los ERE de Andalucía.

UGT niega que en sus cuentas conste el ingreso de la consultora

Alaya argumenta en su auto que la investigación ha puesto de manifiesto un entramado empresarial, “organizado y dirigido” por Juan Lanzas (exsindicalista de UGT y considerado uno de los cerebros del supuesto fraude). A través de este entramado, según la juez, fluía dinero procedente de la Junta y de las empresas que resultaban beneficiarias de las subvenciones que Lanzas conseguía. Alaya sostiene que los sindicatos formaban también parte de esta trama al cobrar “sobrecomisiones” de las empresas mediadoras de los ERE, pagos que CC OO y UGT justifican en la prestación de servicios relacionados con la tramitación de los despidos colectivos. La juez, sin embargo, sospecha de esos pagos, que una veces se ingresaban directamente a través de las federaciones de CC OO y UGT y otras de empresas vinculadas a ellos, como Atlantis Asesores para CC OO y ASP-Asesoramiento Seguros, ITG y Temiqui para UGT.

La juez argumenta su decisión de investigar todos los movimientos bancarios de los sindicatos en la necesidad de comprobar si las comisiones revierten en las federaciones que supuestamente han participado en la consecución de las ayudas públicas. Alaya quiere saber también “la cantidad exacta” que las organizaciones sindicales cobraron del fondo de los ERE.

Los sindicatos CC OO y UGT en el País Vasco mostraron este lunes su extrañeza ante el requerimiento de la juez, CC OO criticó que Alaya les pida la contabilidad de varios ejercicios, pero “no haga ninguna referencia al motivo” de esta petición, informa Pedro Gorospe. En una nota, CC OO explicó que “esta organización no tiene ni tendrá problema alguno en colaborar con aquello que se le requiera y pondrá” a disposición de la juez “la información contable que se le solicite”.

La Guardia Civil ve enriquecimiento del exdelegado de Empleo en sevilla

Fuentes de la dirección de UGT en Euskadi vincularon la petición de Alaya con un informe de la UCO que sostiene que la consultora Vitalia hizo dos pagos a las centrales vascas. Según estas fuentes, la Guardia Civil hace referencia a dos ingresos supuestamente efectuados en febrero de 2007. En el caso de UGT, Vitalia le habría ingresado 5.016,64 euros a través de una cuenta del Banco Popular, pero la dirección del sindicato asegura, tras revisar sus movimientos bancarios, que no consta ningún ingreso procedente de Vitalia. UGT Euskadi ya ha recibido el requerimiento del juzgado que dirige Alaya y este martes va a remitirle toda la información de sus cuentas corrientes. En el caso de CC OO, el ingreso al que hace referencia la UCO asciende a 3.480 euros.

El auto de Alaya responde a un oficio de la Guardia Civil en el que los agentes detallan el entramado tejido por Lanzas y cifran en 12 millones de euros las sobrecomisiones pagadas por la Junta de Andalucía en la tramitación de los ERE de diez de las empresas en cuyos expedientes se han detectado irregularidades.

Además, la Guardia Civil, en un escrito remitido a Alaya, asegura haber encontrado indicios de un presunto “incremento patrimonial ilícito” del ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, quien está citado a declarar ante la juez el próximo viernes como imputado en el fraude de los ERE. La UCO admite que este supuesto enriquecimiento de Rivas está “pendiente de confirmar y cuantificar” pero cree que pudo utilizar a personas de su entorno familiar para obtener dinero de manera irregular.

Los agentes señalan hacia la “vinculación laboral” que la pareja de un hijo del ex delegado de Empleo presuntamente mantuvo con sociedades vinculadas a Juan Lanzas. La mujer, según la UCO, estuvo dada de alta como trabajadora de las empresas Al Andalus Mass Media Channel y Consulting Social Siemur, de las que cobró 21.840 euros entre 2007 y 2009. Estas sociedades, según sostienen los agentes, formaban parte del entramado empresarial usado por Lanzas para desviar dinero del fondo de los ERE.

Para comprobar qué hay de cierto en las sospechas de la Guardia Civil, la juez Alaya pide acceder a todas las cuentas corrientes y movimientos bancarios tanto de Rivas como de una hija suya, María Ángeles Rivas. La magistrada solicita también toda la información de bancaria de la hija de Lanzas, María Lorena Lanzas, que figura como titular de unas cuentas corrientes que, supuestamente, usó el conseguidor de los ERE “para el trasvase de fondos indiciariamente de origen ilícito”.

El 13,6% de los mediadores

Un debate fundamental del caso es el pago de comisiones por la mediación en la tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo. Desde el primer momento, los sindicatos salpicados, Comisiones Obreras y UGT, han sostenido que ellos han cobrado del fondo de los ERE por las tareas de asesoramiento a los trabajadores en los despidos colectivos. La cuestión que intenta aclarar la juez Alaya no es tanto la legalidad de estas comisiones como el pago de comisiones abusivas. De hecho, la magistrada pidió a la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía un informe sobre las tarifas que se cobran por la mediación en estos procedimientos.

En un informe conocido ayer, la Guardia Civil cifra en 12 millones de euros las sobrecomisiones pagadas por la Junta de Andalucía en la tramitación de los ERE de diez de las empresas en cuyos expedientes se han detectado irregularidades (Surcolor, Calderinox, González Byass, Cespa/FCC, Saldauto, Intersur, Matadero de Fuenteobejuna, el hotel Cervantes, SOS Cuétara y Bilore). Según la Guardia Civil, el coste total de estos ERE asciende a 120 millones de euros, de los que 18 millones terminaron en comisiones, lo que supone un 13,6% de promedio, mientras que la media del mercado es del 4,6%. De esta media, la Guardia Civil deduce que en estos diez expedientes se pagaron un total de 12,1 millones de euros en sobrecomisiones.

El documento policial subraya los pagos que las consultoras, como Uniter o Vitalia, hicieron a los sindicatos a lo largo de la década que estuvo en marcha el fondo de los ERE, pagos que la juez Alaya cuestiona y que sostiene que fueron utilizados para su financiación.