Valencia pide por unanimidad al Consell revisar el copago en servicios sociales

Cada día son más los municipios valencianos que se rebelan contra el nuevo sistema de copago impuesto por la Generalitat a los discapacitados. Localidades como Paterna, Sagunto, Xirivella, Quart de Poblet y Betxí, las tres primeras en manos del PP, rechazan el cobro adicional en función de la renta de los discapacitados. La Generalitat, una de las autonomías españolas que se han apresurado a regularlo y cobrarlo, espera unos ingresos adicionales de 15 millones de euros.

La lista de municipios declarados en rebeldía es cada vez más amplia. Valencia, primera capital de la autonomía, se unió este viernes a este grupo de localidades. Los socialistas llevaron al pleno municipal una moción en la que pedían la derogación del decreto que regula el sobrepago y el Gobierno local, presidido por la popular Rita Barberá, recogió la propuesta.

Después de un tira y afloja dialéctico, donde PSPV, Compromís y EU coincidieron en que era una medida injusta, la concejal delegada de Bienestar Social, Ana Albert, lanzó una moción alternativa. El Ayuntamiento de Valencia prestará los mismos servicios en los centros ocupacionales sin más desembolsos por parte de los discapacitados. A la vez solicita al Consell que revise el decreto que regula el copago.

La localidad de Benidorm apoyó también la derogación del decreto. El Ayuntamiento de Onda, que dirige el popular Salvador Aguilella, reclamó al Consell que elimine el copago para los usuarios del centro ocupacional El Molí y de la vivienda tutelada del municipio. Así se aprobó por unanimidad en el último pleno. El rechazo de este alcalde del PP se amplía con una carta que remitió el pasado 20 de enero a la consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez, en la que criticabalos efectos del decreto. En esta misiva le trasladó el problema que generaría en los 40 usuarios del centro ocupacional y en otros seis de las viviendas tuteladas. En el primer caso, el pago ascendería a 34.000 euros anuales. En el segundo, a más de 66.000.

Ciscar dice que los concejales no se oponen a la medida sino a cómo se aplica

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, se refirió tras el pleno del Consell a la reacción municipal contra el copago. “No se están oponiendo a la participación o el copago sino que tienen dudas en el sistema de aplicación”, dijo. El número dos del Gobierno valenciano aseguró que nadie se opone a que el copago sea por criterios de renta y se mostró convencido de que la Consejería de Bienestar Social llegará a un acuerdo con las asociaciones representativas del sector.

Las protestas de los últimos días de los discapacitados y sus familias han hecho variar la posición de la Consejería de Bienestar Social. “Ha habido un cambio sustancial en la actitud. Antes había temas que eran intocables y ahora todos son negociables”, explicó ayer Joan Planells, presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi-CV).

En su reunión con Bienestar Social se definieron tres líneas estratégicas sobre las que lograr un acuerdo. En primer lugar, las negociaciones tratarán de fijar un porcentaje mínimo de los ingresos que no pueda ser detraído del copago, el llamado "dinero de bolsillo". Las familias denuncian el empobrecimiento que provocará la aplicación del copago, pues hay casos en los que los discapacitados pagan hasta el 90% del coste de la plaza.

La Generalitat aseguró que lo "mejorará" para que sea mayor del 25% del IPREM, cifra que establece la legislación estatal. La consejería estableció que fuesen los centros quienes recaudaran directamente el importe del copago pero estos se niegan a hacerlo así. El Cermi explicó que si el copago se concibe como un impuesto o una tasa, es la Administración quien tiene que cobrarlo y no las entidades, por lo que intentarán que el procedimiento de recaudación no implique a los centros. No es el caso de los Ayuntamientos que sí están obligados a gestionarlo.

Finalmente, el Cermi añadió que tratarán de conseguir que se modifique la orden por la cual se aplica el copago ya que, al ser de rango inferior a la ley, puede corregirse más fácilmente.