La policía cree que el grupo Boluda utilizó dos subcontratas para lograr ayudas
La UDEF estima que la naviera manipuló facturas de un segundo proveedor
Unión Naval de Valencia SA, el astillero del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, utilizó presuntamente al menos dos subcontratas para captar ayudas de la UE de forma fraudulenta. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional estima que la naviera manipuló facturas de su antiguo proveedor de montaje de andamios, Angloval. El objetivo de la maniobra fue modificar el concepto de los trabajos para recibir subvenciones a la formación del Fondo Social Europeo, según Fernando Sánchez, antiguo contratista del astillero que denuncia la duplicación entre 2008 y julio de 2011 de 419.000 euros en facturas de su consultora de prevención de riesgos laborales Progene Segurlabor.
La irrupción en escena de una segunda subcontrata se produce después de que la UDEF detectara que facturas de Angloval fueron utilizadas por grupo Boluda para captar subvenciones comunitarias, según las mismas fuentes. El sistema habría sido similar en ambos proveedores. Incluiría la supresión del número de pedido de las facturas. El responsable de Angloval también habría mostrado su sorpresa a la policía por la aparición de su rúbrica en los supuestos trabajos de formación remitidas a la UE.
Fuentes próximas al denunciante afirman que la exdirectora del astillero Alicia M. G. atribuyó la facturación al director de Recursos Humanos de Unión Naval de Valencia, Francisco T. H. Añadió que la aparición de su rúbrica respondía a su uso digitalizado.
Progene Segurlabor solicitará que declaren como testigos en la causa los antiguos jefes de compra y contabilidad del astillero que permanece cerrado desde mayo de 2012. También pedirán la comparecencia ante la juez del presidente de AVE. “Boluda es el administrador único de la compañía”, remarcan.
Una portavoz de la sociedad naviera declinó este jueves hacer declaraciones a EL PAÍS. La compañía valorará el presunto fraude a la UE una vez finalice la investigación que desarrolla desde hace dos semanas el juzgado de Instrucción número dos de Valencia.
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