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La alcaldesa de Rascafría, escoltada para salir del pueblo

Los vecinos se enfrentaron a la regidora después de que el pleno rechazara estimar una iniciativa popular para que el municipio recuperara la gestión del agua

La alcaldesa de Rascafría, escoltada por la Guardia Civil. Ampliar foto
La alcaldesa de Rascafría, escoltada por la Guardia Civil.

A bolazos de nieve, con pitidos e insultos, despidieron ayer unos 120 vecinos de Rascafría a su alcaldesa, Ana García Masedo, del PSOE, después de que se tumbara en el pleno la iniciativa popular que habían presentado, en un intento de que el pueblo recupere el control de la gestión del agua. La regidora necesitó la ayuda de la Guardia Civil para salir del pueblo con su coche.

 El Ayuntamiento firmó un convenio con el Canal de Isabel II en junio de 2012 por el que se traspasó a la empresa pública la gestión de la distribución y alcantarillado por 50 años. El municipio ya había llegado en 2006 a un acuerdo con la misma empresa para que se encargara de la depuración. Rascafría, se alimenta directamente del río Lozoya y el agua era casi gratis hasta ese momento.

La decisión municipal provocó un gran rechazo social y los vecinos constituyeron una plataforma ciudadana. Además de no pagar el agua, presentaron al Ayuntamiento 650 firmas de residentes y 305 de vecinos no censados para solicitar que se diera marcha atrás. Pero no lo han conseguido. Ayer vieron cómo votaban en contra de su propuesta los cinco ediles del PSOE más un independiente, a favor los cuatro concejales del PP, aunque la portavoz de este grupo se abstuvo.

Los vecinos decidieron abandonar el pleno después de transcurrida una hora, mientras reprochaban a la alcaldesa su actuación a gritos. García Masedo esgrimió las conclusiones de dos informes, uno del abogado y otro del secretario municipal, para desmontar las pretensiones vecinales. Los técnicos sostienen que los afectados deberían haber acompañado su petición de una propuesta sobre cuál piensan ellos que es la solución. Además, en opinión del abogado, las firmas tendrían que haber estado autentificadas por un notario, secretario judicial o municipal. De momento, la rebelión continúa, mientras que el Canal sigue enviando misivas de corte de suministro a los que se resisten a pagar.

 

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