Europa investigará si Gipuzkoa es capaz de cumplir con la normativa de residuos
La Diputación no informó a las autoridades de los cambios en el proyecto de gestión de las basuras a pesar de la paralización de las obras de la incineradora
La Comisión Europea investigará si Gipuzkoa es capaz de cumplir con la normativa comunitaria de residuos una vez descartada la construcción de la incineradora de Zubieta, según responde el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, a una pregunta presentada por la europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao. El comisario constata que la Diputación de Gipuzkoa "no ha notificado ninguna modificación sustancial" del plan de gestión del territorio para el periodo 2002-2016, a pesar de que la normativa obliga a trasladar a las autoridades europeas cualquier cambio significativo.
El comisario puntualiza que el Gobierno de Martin Garitano "informó verbalmente" al Banco Europeo de Inversiones "de su intención de no seguir adelante con las inversiones" previstas para la construcción de la planta, y de "negociar con las constructoras la rescisión de los contratos de obra", pero tampoco esta entidad ha recibido "comunicación del prestatario en cuanto al resultado de dichas negociaciones", es decir, el acuerdo por 8,2 millones que alcanzó el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa con las empresas.
Europa investigará en concreto si Gipuzkoa puede cumplir con dos artículos de una directiva. El primero hace referencia a la "autosuficiencia" de cada territorio en cuanto a gestión de residuos y limita el traslado de basura a otros puntos. El segundo hace referencia, según ha informado el PNV en una nota, a la "jerarquía de residuos" y supone establecer una serie de prioridades en las políticas sobre la materia. En primer lugar se sitúa la prevención, seguida de la preparación para la reutilización y el reciclado, además de otros criterios.
Por su parte, los responsables de las mancomunidades de San Markos y Debabarrena, Denis Itxaso y Arcadio Benítez, respectivamente, han anunciado que recurrirán ante los tribunales el acuerdo suscrito por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa y las empresas constructoras y criticado que el dinero que los ciudadanos habían puesto para costear una infraestructura vaya a parar al pago de indemnizaciones.
"Desde hace años se abona al Consorcio una tarifa de 145 euros por tonelada de residuos, parte de la cual está destinada a sufragar unas inversiones que no se están realizando, sin que el Consorcio modifique esta cantidad ni ofrezca un desglose de la misma".
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