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Imputados dos concejales de Badalona por obras en casa de un cargo público

La reforma del piso se facturó como “mantenimiento de vía pública”

García Albiol, el pasado 20 de noviembre, antes de entrar en el juicio por los panfletos racistas.
García Albiol, el pasado 20 de noviembre, antes de entrar en el juicio por los panfletos racistas.

El concejal tránsfuga David Gómez se ha convertido en una pesadilla para el gobierno de Xavier García Albiol (PP) en Badalona. Una investigación judicial sobre Gómez, imputado por adjudicar de forma irregular una veintena de obras por 700.000 euros, se ha vuelto contra el consistorio. Tras escuchar la versión del exregidor del PP, el juez ha citado a declarar, también como imputados, a dos concejales por su presunta implicación en uno de esos encargos opacos: las obras de mejora en el piso de una excargo de confianza, que se facturaron como “mantenimiento de vía pública”.

El responsable de Vía Pública, Daniel Gracia, y el concejal del barrio de La Salut, Salvador Lerma, están imputados por malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental y estafa. El titular del juzgado de instrucción número 3 de Badalona ha tomado la decisión a raíz de la declaración de Gómez, que “describe una actuación coordinada para cargar los gastos derivados de la reparación de dicha vivienda particular al Ayuntamiento de Badalona”, señala la resolución. El juez también imputa a la propietaria de la vivienda, Julia Sánchez —excoordinadora del mismo barrio— y a su marido.

La guerra comenzó en octubre de 2012, cuando Albiol destituyó de forma fulminante a Gómez --a la sazón, coordinador del barrio de Sant Roc--, por chantajear a un comerciante. Éste grabó conversaciones en las que Gómez le exigía dinero a cambio de no precintarle el local. Las sospechas del equipo de Gobierno sobre su exconcejal se extendieron cuando dos empresas empezaron a reclamar pagos por obras que habían realizado por encargo de Gómez, pero que el Ayuntamiento no había autorizado. Los empresarios confiaron que Gómez hablaba en nombre del Ayuntamiento, pero aún no han visto un solo euro por aquellos trabajos.

El alcalde decidió que el consistorio no iba a pagar las facturas y presentó una querella contra Gómez. El hombre, que continúa en el consistorio como concejal no adscrito, está imputado por los mismos delitos que ahora se atribuyen, también, a los concejales de Via Pública y La Salut.

La obra que llevará a esos dos cargos de confianza de Albiol ante el juez el próximo 14 de marzo fue ejecutada por Demon Engineering, que no figuraba inicialmente entre las dos que fueron contratadas por Gómez. A finales de año, la empresa envió un informe al consistorio para reclamarle el pago de 213.000 euros por otros 37 trabajos encargados por Gómez. En una de las facturas aportadas por Demon, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, figura el concepto “mantenimiento vía pública” en la calle de Pablo Iglesias, en La Salut.

No hay constancia, sin embargo, de que en esa calle se haya realizado ningún trabajo de mejora. Las obras, en realidad, se ejecutaron en el piso donde viven Julia Sánchez, la excoordinadora del distrito, y su marido. Como presidenta de la asociación de vecinos, Sánchez participó activamente en la campaña orquestada por Albiol —entonces jefe de la oposición— contra el incivismo, incluida la distribución de panfletos contra los gitanos rumanos. Hace dos semanas, tras recibir la factura y comprobar los hechos, Albiol la destituyó de su cargo.

“Gómez nos dijo que teníamos que arreglar el piso para mujeres maltratadas. Eran obras con un fin social”, explicó a este diario una portavoz de Demon Engineering. Los trabajos, por un monto de 13.325 euros, consistieron, añadió, en reparar las “filtraciones de agua en la terraza”. “Albiol ha inaugurado obras nuestras, no puede decir que no sabía nada”, añade la empresa, que se ha visto obligada a “despedir a personal” por la deuda del consistorio.

El Ayuntamiento expresó ayer su “sorpresa” por la imputación de los concejales, ya que la decisión del juez “se hace por la declaración de una persona que está imputada”. El consistorio recuerda que no ha pagado ni esta ni ninguna de las otras obras bajo sospecha y circunscribe toda la responsabilidad a Gómez, que intentó superar sus “problemas económicos” a costa del erario público, según fuentes municipales. Mientras Albiol medita si toma medidas ante la decisión judicial, la oposición insiste en exigir responsabilidades. “El alcalde no puede decir que no conocía estas obras”, detalló Jordi Serra (PSC).