Castedo reclama 225.000 euros a la contratista de la basura por la huelga

La factura de los siete días de huelga en el servicio de recogida y limpieza viaria de Alicante la pagará la empresa UTE Alicante, participada por FCC, Cespa (Ferrovial), Cívica e Inusa, estas dos últimas controladas por Enrique Ortiz, el principal contratista en Alicante. La factura que se le pasará a la adjudicataria superará los 225.000 euros, según los cálculos iniciales del Ayuntamiento de Alicante.

 Cada día sin servicio de recogida de basuras se descontarán 31.000 euros, además se contrató, por otros 15.000 euros, a otra empresa para que recogiera residuos en cien puntos diferentes de la ciudad que suponían un riesgo de “salubridad y seguridad para peatones y vecinos”, y además se quemaron 34 contenedores que UTE Alicante deberá cambiar por otros nuevos.

El concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, anunció ayer que en los próximos días se reunirán técnicos municipales y de la empresa para detallar todas consecuencias de esta huelga y aclaró que será la adjudicataria a la que se le descontarán todos estos gastos adicionales de la adjudicación, que asciende a 260 millones de euros por ocho años.

Las averías de los vehículos de recogida de basura se disparon durante los últimos días de huelga

El Ayuntamiento descontará a los contribuyentes de su tasa anual de basura la parte proporcional de esos días en los que no tuvo el servicio adecuado. Llorens que no quiso acusar a los trabajadores directamente también se preguntó por los motivos por los que no se cumplieron los servicios mínimos, ya que diariamente estaba previsto que se recogieran 175 toneladas diarias de basura, y apenas fueron 60. Y además, la mitad de los contenedores fueron “saboteados” y movidos de sitio para dificultar su vaciado y en los vehículos se registró un “muy elevado” número de averías. “Yo no acuso a nadie, pero queremos saber ¿qué pasó?”, dijo Llorens.

El edil cifró en más de un centenar de puntos negros en los que, a partir del quinto día de huelga, se acumulaba la basura provocando molestias y suponiendo un riesgo serio para vecinos y peatones que se veían obligados a bajar de las aceras para poder caminar. Ante esta situación el Ayuntamiento, mediante tres decretos, desplegó toda una serie de medidas como fue la contratación de una empresa externa que se dedicó a vaciar los contenedores que acumulaban más cantidad de basuras y trasladar esos restos a las islas de contenedores o a unos descampados habilitados.

Precisamente Esquerra Unida está estudiando denunciar ante la Guardia Civil la habilitación de esos vertederos incontrolados, detrás del PAU 2 y el otro junto al parque Lo Morant, ya que podrían “vulnerar la legislación sobre residuos”. El concejal de EU, Miguel Ángel Pavón, solicitó por registro municipal los tres decretos firmados por la alcaldesa, Sonia Castedo, desde la tarde del viernes hasta el domingo, que amparaban estas acciones especiales y los correspondientes informes técnicos que avalaban la actuación de esta empresa ajena al servicio cuya intervención “podría haber vulnerado el derecho a la huelga de los trabajadores”, según EU.

EU denuncia unos vertidos sin control en varios descampados

El concejal del PP, Andrés Llorens, rechazó estas críticas al asegurar que el Ayuntamiento fue “escrupuloso” con el derecho a la huelga, y argumentó que se vieron obligados a intervenir porque se trataba de “situaciones de riesgo” para trasladar los residuos a otros contenedores y no a solares.

Pese al final de la protesta, las molestias persisten en las calles que todavía acumulan miles de bolsas de basura por recoger. Si en un día normal los operarios retiran 315 toneladas, ayer lunes fueron más de 500 las que se recogieron, pero todavía quedaban otras 600. El Ayuntamiento confía en que en los próximos tres días la situación tienda a normalizarse y exigió a la empresa que “redoble los esfuerzos” para que las calles de Alicante vuelvan a estar limpias.

La huelga finalizó en la medianoche del pasado domingo tras alcanzar un acuerdo entre el comité de empresa, avalado por los trabajadores, y la adjudicataria. El acuerdo recoge tres años de congelación salarial (inicialmente se hablaba de cinco), el mantenimiento de la actual plantilla (466 empleados) con la posibilidad de no amortizar puestos vacantes por jubilaciones y 39 días de vacaciones, cuatro menos de los actuales.