Los jueces del TSJ trabajan “al 150%” ante la “ingente” cantidad de corrupción

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano trabajan “al 150%” ante la “ingente” labor que tienen entre manos, aseguró este lunes su presidenta, Pilar de la Oliva. El tribunal solo instruye causas que afectan a aforados —miembros del Consell o del Parlamento autonómico—, y todas son de corrupción política. El número no parece alto: cuatro causas. Gürtel, Brugal, Cooperación y Alperi. Pero Gürtel está a su vez subdividida en seis piezas separadas, y solo en ese procedimiento el magistrado instructor José Ceres ha interrogado ya a más de 500 personas y va camino del centenar de imputados.

El caso Cooperación, por el desvío de ayudas al Tercer Mundo, también está partido en dos. Y mientras se juzga —se prevé que durante tres meses— la primera pieza separada, tres de los cinco magistrados de la Sala Civil y Penal del tribunal permanencen ocupados en el caso casi todos los días de la semana.

La lentitud a la que avanza el TSJ contrasta con la rapidez de la Audiencia Nacional, cuyo juez Pablo Ruz tiene prácticamente concluida la instrucción de la parte original del caso Gürtel, que incluye el caso Bárcenas. De la Oliva subrayó que la velocidad del Tribunal Superior no es imputable a los magistrados, y apuntó a que ni la estructura ni los medios con los que cuenta el TSJ pueden compararse con los de un “juzgado central de instrucción” de la Audiencia Nacional, en referencia al número cinco que dirige Ruz.

El tribunal pidió hace unos meses tres jueces de refuerzo para evitar que la celebración del primer juicio del caso Cooperación y posteriormente el primero de Gürtel —los contratos de Fitur— impidiesen al órgano hacer prácticamente nada más durante seis meses. Pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solo ha aprobado uno. La decisión sobre los otros dos aún no se ha adoptado, señaló ayer Carmen Llombart, presidenta de la Audiencia de Valencia y nueva vocal del Poder Judicial.

El TSJ también reclamó más medios a la Generalitat, y este lunes el consejero de Justicia afirmó que se habían enviado algunos, aunque sin precisar más. Poco antes Castellano había repasado, con motivo de la reunión que celebró con De la Oliva y Llombart, una prolija lista de actuaciones de su departamento en la comunidad autonóma, pero ninguna de ellas referida al TSJ, donde están imputados ocho de sus compañeros del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, aparte de Rafael Blasco, que lo abandonó en junio, y de Pedro Ángel Hernández Mateo, que lo dejó junto al escaño tras ser condenado a tres años de prisión.

Solo a preguntas de los periodistas el consejero se refirió al TSJ para hablar del proyecto de reforma del edificio, ante la existencia de graves "humedades" en la cubierta del edificio, aunque negó que se hayan detectado riesgos de "derrumbe" en la planta superior, donde se encuentran los pisos de la presidencia del TSJ y de la Fiscalía Superior, cuyos responsables no han querido ocupar desde que fueron nombrados. Castellano recordó que el proyecto de reforma tiene un presuesto de 10 millones de euros y dijo que la primera fase empezará este año.

De la Oliva negó que el dibujo final suponga un “colapso” del tribunal, como prueba el hecho de que las investigaciones se van cerrando y se celebran juicios. Otra cosa es el ritmo: “Las causas van saliendo, pero...”.