Urbanismo y crisis social

Ya no es posible desligar el buen urbanismo, incluso el denominado urbanismo ecológico, del urbanismo social. Es decir, no basta con que las propuestas para la ciudad eliminen los excesos, apuesten por medidas de respeto al medio ambiente, reduzcan los impactos e incorporen los avances en movilidad, energía o residuos. Es preciso, además, que se atengan a criterios de justicia social, de fomento de la cohesión, de avances sustanciales en materia de vivienda pública; de luchar, en definitiva, contra la desigualdad. Resulta imprescindible, al mismo tiempo, que los procesos participativos superen el estrecho marco legal, para dar paso a una cooperación ciudadana proactiva, desde el inicio, y no simplemente limitada al refrendo o al rechazo.

En 2005 se produjo en Francia una revuelta urbana que afectó a numerosas ciudades en sus zonas más frágiles, barrios generalmente periféricos y con graves problemas sociales, agudizados por la crisis económica. La torpeza de la reacción gubernamental (con un Sarkozy provocador en su papel de ministro del interior) no hizo sino agravar la tensión. El sociólogo de origen argelino Ahmed ben Naoum, preguntado entonces por una vía de solución (EL PAÍS, 10/11/2005), respondía así: “No hay fórmulas mágicas, pero seguro que la solución no pasa por el autoritarismo que promueve el Gobierno. Pero le diré una que no pasa por el terreno educativo ni familiar, sino por el urbanismo. Hay que eliminar los guetos y hacerlo sin complejos (…) los guetos solo desaparecen de una manera: fundiéndolos con la ciudad.”

La Red Europea de Barrios en Crisis (experiencia seleccionada en el catálogo de buenas prácticas de 1996) reconocía diferentes tipologías - barrios antiguos del centro, suburbios, barrios obreros, torres de pisos...- y no necesariamente áreas de inmigrantes o áreas monofuncionales sin actividad económica, pero sí con problemas similares –desempleo, fracaso escolar, drogadicción…- que las diferencian del resto de la ciudad.

En Madrid, a principios del presente siglo, una fuerte crisis sacudió la Cañada Real Galiana, el mayor poblado chabolista (40.000 habitantes) de Europa, oculto hasta entonces debajo de la alfombra. Los primeros intentos de desalojo a la fuerza por parte de las autoridades hicieron recular a éstas y dieron paso finalmente a una propuesta para “legalizar” en parte la ocupación -más de 14 kilómetros- de esta antigua vía pecuaria.

Nuestra escasa cultura democrática en materia de participación ha proporcionado pocos episodios modélicos en la renovación de la ciudad.

En una escala madrileña más urbana, recordemos un proyecto supuestamente ilustrado para el eje Prado-Recoletos que fue duramente contestado, marcado por la rocambolesca amenaza de la baronesa Thyssen de atarse a un árbol frente a su museo. En Barcelona, el proyecto oficial de remodelación de la Plaza de Lesseps, en el barrio de Gracia, fue objeto de una fuerte contestación, que obligó al Ayuntamiento a reconsiderar su propuesta y admitir la intervención de los vecinos. En el caso más reciente del proyecto para rediseñar la Diagonal, con un falseado proceso de participación, el fiasco del ayuntamiento fue mayor ante las críticas que le llovieron de todas partes.

En Valencia, si repasamos el catálogo de conflictos urbanos de los últimos años, proyectos ejecutados o frustrados (con El Cabanyal de manera destacada) casi siempre se han venido saldando con decisiones autoritarias, porque algunos gobiernos toman el poder cuando ganan las elecciones como si la ciudad pasara a conformar su particular patrimonio, o el orden público solo tuviera su personal visión. Mientras los ruinosos eventos han dejado un panorama desolador, algunos modestos avances en barrios han ido más de la mano de las iniciativas ciudadanas que de la voluntad del gobierno local, véase el caso de Benimaclet con sus huertos urbanos, una propuesta desde la base, o del nuevo Russafa, en donde la administración hubo de paralizar un aparcamiento en el jardín de la plaza de Manuel Granero o reconocer la necesidad de construir un centro escolar. La reurbanización del barrio, sin embargo, con más sombras que luces, se ha llevado a cabo de manera nada participativa.

Son, en definitiva, algunas muestras de lo que ocurre cuando se trata de imponer soluciones urbanas sin el mínimo contacto con la realidad social.

Como “en España siempre acabamos discutiendo sobre lo accesorio y tendemos a obviar lo fundamental “ (Elvira Lindo) tan solo unos pocos han querido ver más allá de la remodelación de una calle en el conflicto de Burgos, que por cierto proporcionaba aceras más anchas, reducción del tráfico, más espacio verde, un camino para las bicicletas... El sorprendente estallido radica no solo en la falta de participación, o en las deficiencias del barrio de Gamonal, su escala de prioridades, sino que se mezcla con el autoritarismo municipal, la corrupción y el caciquismo que controla obras y medios de comunicación.

En Valencia, la vitalidad e iniciativa que muestran diferentes colectivos sociales, no se corresponde con un discurso urbano verdaderamente innovador por parte de los grupos políticos. La desabrida celebración del 25 aniversario del Plan General ofrece pocos síntomas de renovación oficial para el devenir de esta ciudad estancada. Hay quien confía casi todo a un cambio del gobierno en 2015, pero mucho me temo que las transformaciones que se necesitan son mucho más profundas, afectan a la cultura de lo común, a ese imaginario que se escapa entre nuestros dedos a marchas forzadas, a la necesidad de crear nuevos sistemas de participación y de gobierno urbano.

Joan Olmos es ingeniero de Caminos