Un técnico declara que Blasco les presionó para dar ayudas irregulares

Las posibilidades de Rafael Blasco, la persona que más veces ha formado parte del Gobierno valenciano, de salir bien librado del primer juicio por el saqueo de las ayudas al Tercer Mundo se redujeron ayer al mínimo. Sergio Fernández Aguado, ex jefe de área de Cooperación, declaró como testigo que el exconsejero les presionó para que concedieran 1,6 millones en subvenciones a la Fundación Cyes, que luego fueron desviados, a pesar de que la entidad no reunía las condiciones para ello. Ante la negativa de Fernández y otros tres técnicos a autorizar la entrega de fondos, porque la entidad no había acreditado la condición de experiencia previa, Blasco les convocó a una tormentosa reunión el 31 de julio de 2008 que se alargó hasta la noche: “Su insistencia nos daba intranquilidad. No entendíamos por qué se dudaba del criterio técnico”, relató ayer Fernández.

Blasco intentó hacerles cambiar de opinión. “Nos dijo que no teníamos ni idea”, “que le habían hablado mal de nuestro trabajo y que lo estábamos demostrando”, “que él era quien podía interpretar si la fundación cumplía el requisito de la experiencia previa” y “nosotros no éramos quienes para dudar de su palabra”, explicó el ex jefe de área. “Nosotros nos manteníamos en que no firmábamos. El tono fue subiendo y en algún momento [Blasco] nos llegó a decir que no sabíamos tramitar expedientes”, “y que iba a revisar los que habíamos hecho los años anteriores para ver si habíamos cometido errores”, “e hizo que se los subieran al despacho”.

Todo lo que sucedió aquella tarde noche (“cuando salimos eran las 10”) fue muy inusual, señaló Fernández, que antes de esa reunión apenas había intercambiado más de un saludo con el consejero, el cual no había descendido hasta entonces a preocuparse por expedientes concretos. Al día siguiente Fernández y los otros técnicos se fueron de vacaciones. A los dos o tres días de reincorporarse le comunicaron que Blasco lo había destituido alegando “diferencia de criterio”. “ La única diferencia de criterio que habíamos tenido era la de la reunión por las subvenciones a Cyes”, aseguró ayer.

No fue el único. El resto de funcionarios y cargos intermedios que se opusieron a dar las ayudas a la entidad fueron igualmente expulsados de la consejería. El dinero que recibió irregularmente la Fundación Cyes nunca llegó, salvo en un porcentaje ínfimo, a su destino teórico de mejoras agrícolas en Nicaragua, sino que se dedicó a comprar pisos y garajes en Valencia. Y los puestos que los funcionarios destituidos dejaron vacantes fueron cubiertos por personas de la confianza de Blasco, varios de los cuales habían estado ya a sus órdenes en otros departamentos, y que ahora se sientan con él en el banquillo del caso Cooperación por haber participado presuntamente en la rapiña de los fondos públicos.

En medio, durante agosto de 2008, la dirección de la consejería llamó a los técnicos asegurándoles que había recibido nueva documentación que acreditaba la experiencia de la Fundación Cyes. Los funcionarios lo creyeron y firmaron la entrega de los fondos, indicó Fernández. La investigación reveló más tarde que dicha supuesta documentación que acreditaba la experiencia era manifiestamente falsa.

La declaración hace probable la condena por tráfico de influencias y abre la puerta a tres más

La declaración de Sergio Fernández ha sido esencial para el juicio, como pueden serlo las de los demás asistentes a la reunión del 31 de julio de 2008 que está previsto que declaren hoy. De sus palabras parece desprenderse claramente que Blasco cometió un delito de tráfico de influencias: influir en un funcionario para lograr un beneficio para uno mismo o para un tercero. En el caso de Blasco ese delito es, además, la puerta para que pueda ser condenado por los otros tres de los que está acusado en esta causa y que en la petición de la Fiscalía Anticorrupción se traducen en 14 años de cárcel.

Si los magistrados consideran probado que cometió un tráfico de influencias será fácil que también lo encuentren autor de los de prevaricación y malversación de caudales públicos, e incluso del de falsedad documental. Y esos son los ilícitos por los que está siendo juzgado en esta primera pieza separada del caso Cooperación. En la segunda, el exportavoz parlamentario del PP, a quien su expartido confirmó ayer que ha sido expulsado del mismo, se enfrentará muy probablemente a otro juicio por los mismos delitos. Además del de cohecho.