Primer imputado por el fraude de ayudas en la Diputación de Ourense

La adjudicación, a dedo según la Unión Europea (UE), de 104 depuradoras que José Luis Baltar autorizó con cargo a 10,1 millones de euros de fondos comunitarios, tiene un primer imputado. El ingeniero de obras y servicios de la Diputación de Ourense, Javier Bobe, que redactó el pliego de contratación de las depuradoras que se repartieron por la provincia, ha sido citado para declarar en calidad de imputado por el juez que instruye esta causa, archivada en 2009 y reabierta ahora a instancias de la UE.

El informe elaborado en septiembre del año pasado por la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF) de Bruselas acusando a la Diputación de fraude en la gestión de esos fondos comunitarios, llevó a los grupos de oposición, PSOE y BNG, a presentar sendas denuncias ante la Fiscalía y el juzgado de guardia. El juez de instructor número 2 de Ourense abrió diligencias por estafa. La OLAf reclamó a la institución ourensana, a través del Ministerio de Hacienda, 10,1 millones de los planes Daredo y Deputrans destinados a instalar estas depuradoras que el exbarón del PP gallego concedió a la empresa viguesa SMA, la oferta más cara, con “ausencia sistemática de publicidad” e “irregularidades en el proceso de adjudicación”. Los inspectores de Bruselas detectaron además que en numerosos casos las depuradoras (ideadas para barcos) diseminadas por la provincia no llegaron siquiera a funcionar.

Bruselas descalificó las alegaciones presentadas por el hijo-sucesor de Baltar en las que concluía que la elección de la adjudicataria respondía a una “evaluación teleológica”, de forma que se había generado menos coste y menos problemas de gestión. La UE instó a la presentación de denuncia judicial.