Imputado por contratos con la trama Vicent Farnós, miembro del CVC

La mancha de los contratos de la trama Gürtel con consejerías, empresas y organismos de la Generalitat sigue alcanzado a nuevos cargos del PP. En este caso, al subdirector de Castelló Cultural, Vicent Farnós, a quien el magistrado José Ceres, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha llamado a declarar el próximo 17 de febrero en calidad de imputado. Farnós, que fue director gerente de Castelló Cultural antes de su reestructuración y hoy es subdirector dentro de una unidad autónoma del organismo Culturarts, no solo desempeña esa responsabilidad pública sino que es también miembro del Consell Valencià de Cultura. En 2011 se incorporó al órgano consultivo de la Generalitat a propuesta del PP, liderado entonces por Francisco Camps.

El juez imputa a Farnós en un auto por el segundo Congreso de Software Libre, celebrado en 2005, y por la campaña de publicidad del décimo aniversario de Castelló Cultural, de 2007. Y lo hace como consecuencia de una serie de diligencias solicitadas por la fiscalía. El segundo Congreso de Software Libre ya había llevado a la imputación, en mayo del año pasado, de la que fue directora general de Archivos e Innovación Tecnológica, Silvia Caballer, que dimitió de su cargo en la ejecutiva provincial del PP castellonense al verse implicada.

En su auto, Ceres dice que además del fraccionamiento de cuatro contratos de 12.020 euros con Orange Market, —la empresa de Álvaro Pérez, cabecilla de la trama Gürtel—, por parte de la dirección general que desempeñaba Silvia Caballer (en un momento en el que Alejandro Font de Mora era consejero de Educación), el contrato de 64.403 euros firmado por Castelló Cultural para el mismo evento sobre software libre forma parte de una única operación que, además, no se atuvo a los criterios de publicidad.

En la adjudicación directa a Orange Market por 140.674 euros del décimo aniversario de Castelló Cultural, el juez señala que un informe de la Intervención General de la Administración del Estado entiende que “los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia habrían sido vulnerados”.

En el mismo auto, Ceres convoca a declarar otra vez como imputado el 3 de febrero a Rafael Peset, que fue subsecretario de la Consejería de Sanidad, por los premios Salud y Sociedad de 2006, 2007 y 2008. Aunque Peset ya declaró en junio del año pasado, ahora un informe de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) “viene a reflejar contrataciones no conocidas y que pudieran estar relacionadas con las investigadas”. Según el juez, a través de varias empresas, Álvaro Pérez pudo ser “de facto” adjudicatario del escenario de los premios y de una escultura de tres metros que costó cerca de 20.000 euros.