Castellar de la Frontera veta también los planes del ministerio para La Almoraima

Ya no es solo la Junta de Andalucía la que le pone la zancadilla a los planes de venta que el Ministerio de Medio Ambiente tiene para la finca pública de La Almoraima. El Ayuntamiento de Castellar de la Frontera (Cádiz), donde está el latifundio, ha decidido archivar el plan de usos que la dirección de la empresa pública que gestiona la finca había presentado. Ese documento planteaba un viraje de los actuales usos agrícolas y cinegéticos de los terrenos hacia el turismo de alto nivel.

El alcalde del municipio, Juan Casanova (IU), ha señalado este martes que los técnicos del Consistorio han informado negativamente del plan, que la empresa pública presentó en marzo de 2013. Ese plan —que contemplaba la construcción de un aeródromo, un hotel de lujo y campos de golf— pretendía hacer más atractiva la operación de privatización de la finca, en manos del Estado desde que fue expropiada a Ruiz Mateos en 1983.

Pero el regidor asegura que se han encontrado problemas de forma y de fondo. Por un lado, "no se sabe muy bien qué han presentado", apunta el alcalde. Los técnicos consideran que el documento —elaborado por la empresa Ejecución del Planeamiento— no tiene encaje en una figura de planeamiento concreta. Además, Casanova destaca que se prevé la construcción de un aeródromo "en un suelo no urbanizable". Tampoco consta en el plan el informe de impacto ambiental, según el regidor, que mañana tiene previsto comunicar a la empresa pública que gestiona La Almoraima el archivo del expediente.

A este paso dado por el Consistorio se une que el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes el inicio del expediente de ampliación del parque natural de Los Alcornocales. Esta ampliación, que añadirá cerca de 7.000 hectáreas más al espacio natural, supondrá que La Almoraima quede totalmente protegida. El 90% de las 14.113 hectáreas de este latifundio ya estaban dentro de Los Alcornocales. Lo que hace la Junta ahora es incluir las 1.344 hectáreas que no estaban protegidas aún. En esos terrenos era donde, precisamente, se desarrollaban todas las actividades de más envergadura del plan de usos archivado este martes.

La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha defendido la ampliación del parque por los "valores medioambientales" de la zona. La representante andaluza responde así al Ministerio de Medio Ambiente, que ha acusado a la Junta de moverse por motivaciones políticas y no por "criterio alguno relativo a valores medioambientales".

El departamento de Miguel Arias Cañete quería vender la finca con un precio de partida de unos 300 millones de euros. Pero la oposición abierta de la Junta y el Ayuntamiento de Castellar al desarrollo de los planes turísticos planteados por el ministerio puede ahuyentar a los inversores.

El ministro de Medio Ambiente ha reiterado que el proceso de "privatización" seguirá adelante, "pero quizás se impedirá el desarrollo económico futuro". Arias Cañete ha sostenido que le da "mucha pena que el Gobierno andaluz intente boicotear una operación de venta haciendo una ampliación, sin sentido ambiental, de un parque natural". El ministro ha acusado a Serrano y a "su aliado comunista", en referencia al vicepresidente de la Junta Diego Valderas (IU), de "boicotear" el desarrollo de la finca.