Cabana reserva suelo para la mina de oro pese a la suspensión de la Xunta

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acostumbra guardarse para el debate anual sobre el estado de la autonomía un anuncio con probabilidades de trepar al titular. Tras decantarse por la ya desinflada fusión de Oza y Cesuras en 2012, en el del pasado 15 de octubre, con el eco aún de fondo de las manifestaciones ciudadanas en contra del proyecto por sus consecuencias medioambientales, el líder del PP proclamó que su gobierno suspendería la tramitación de la mina de oro de Corcoesto por no cumplir Edgewater Exploration, la multinacional que la promueve, con las exigencias de solvencia financiera.

Pero tras aquel pronunciamiento presidencial de impacto —que sorprendió incluso a la minera, que recibió el visto bueno ambiental en noviembre de 2012—, el filón no ha desaparecido de las tramitaciones administrativas. El último rastro está a exposición pública en el Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños: el Plan Xeral de Ordenación Municipal. El nuevo plan urbanístico de Cabana reserva suelo al yacimiento, según desveló ayer el diputado de AGE Antón Sánchez. “A mayores se vulnera manifiestamente el artículo 165 da Lei de Ordenación Urbanística de Galicia, al calificar los terrenos de sistema general, como si fuese una infraestructura o una dotación pública”, apunta Sánchez, quien afirma que la Xunta “no tiene el más mínimo reparo en engañar a la ciudadanía al decir que suspende el contestado proyecto y luego reiniciarlo con nocturnidad para evitar la respuesta de los agredidos”.

Espadas en alto

El expediente administrativo sobre la mina aún no ha sido cerrado. La empresa Mineira de Corcoesto, filial de Edgewater, presentó alegaciones y sigue negociando con inversores para reunir los 30 millones que la Xunta le exige ahora como capital desembolsado. El conselleiro de Industria, Francisco Conde, ya declaró en noviembre que la firma aún “tiene tiempo para presentar un nuevo proyecto”. Ayer los opositores a la mina expusieron sus críticas al impacto ambiental de la explotación ante la comisión de peticiones de la Eurocámara, que aceptó, con el apoyo de BNG e Izquierda Unida (IU), mantener abiertas las dos denuncias contra el proyecto hasta que se suspenda definitivamente, una posibilidad que, según IU, ya fue deslizada por el eurodiputado del PP Alejandro Millán Mon.