Los expresidentes de Bancaja y del Valencia, ante el juez

Olivas y Llorente declaran por un presunto delito societario relacionado con la ampliación de capital del Valencia CF

El ex presidente del Valencia CF, Manuel Llorente, el ex vicepresidente, Javier Gómez, el ex presidente de la Fundación Valencia CF, Társilo Piles, y el ex presidente de Bancaja, José Luis Olivas, declaran este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia por un presunto delito relacionado con la ampliación del capital social del Valencia. Hace dos meses la Audiencia de Valencia ordenó a este juzgado la reapertura del caso que se había archivado en julio de 2013. La ampliación del capital social del Valencia CF se decidió en 2009 tras la llegada de Manuel Llorente a la presidencia del club y fue suscrita mayoritariamente por la Fundación Valencia CF gracias a un préstamo de 75 millones de euros concedido por Bancaja y avalado por la Generalitat. En el auto que se hizo público el 12 de noviembre de 2013 para reabrir el caso se reclama la investigación del “uso del préstamo de 75 millones de euros otorgado a la Fundación del Valencia”.

El tribunal estimaba así el recurso de apelación interpuesto por un grupo de accionistas del club contra un auto dictado el 15 de julio del año pasado que no admitía a trámite la querella presentada contra los directivos y que archivaba la causa. La querella que ha desencadenado el proceso fue presentada por un grupo de accionistas como consecuencia de la ampliación del capital social del club suscrita en 2009 y que convirtió a la Fundación Valencia CF en accionista mayoritario de la entidad, con el setenta por ciento de los títulos. Para el tribunal, resultaba “razonable” el inicio de la causa para investigar “si es cierta la hipótesis delictiva que proponen los querellantes”. Éstos afirmaban que los ex dirigentes decidieron celebrar una junta general de accionistas para aprobar una ampliación de capital por un importe de 92,4 millones de euros como instrumento para regularizar la situación económica de la entidad mediante un plan de viabilidad financiera a ejecutar en tres años.

La ampliación se aprobó el 7 de junio de 2009 para ser realizada con la oferta a los socios de la suscripción de las acciones correspondientes, mientras que las no vendidas serían ofrecidas al público en general. Los querellantes consideran que los querellados, como responsables máximos del Valencia CF, Bancaja y la Fundación Valencia CF, “decidieron que la Fundación, cuyo patronato estaba entonces integrado por los directivos del Valencia, adquiriesen el sobrante de acciones, en vez de ofrecerlo al público”. Para ello, “convinieron que Bancaja concediera a la Fundación un préstamo de 75 millones de euros con el aval del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), con lo que consiguió hacerse con la mayoría del capital social”. Sostienen que el dinero obtenido fue destinado a “elevados pagos a dirigentes del Valencia, que no deberían haberse satisfecho si se tiene presente el mal estado económico del club”.

El préstamo “generaba unos intereses que la Fundación beneficiaria no tenía capacidad de pagar, porque no generaba ningún ingreso”, lo que ha causado “un grave perjuicio económico al Valencia CF y sus socios”. Para el juez, si se obtuvo un préstamo de 75 millones de euros sin que la entidad prestataria pueda devolverlo o pagar intereses y se dispuso de una parte de ese dinero para finalidades diferentes a la viabilidad marcada, resulta “factible pensar en la causación de un perjuicio a los socios como consecuencia de una gestión social incorrecta”.

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