“Aquí se está privatizando la sanidad con un goteo sutil para que no lo vea gente”

“Esto es una privatización en toda regla; están haciendo lo mismo que en Madrid aunque aquí lo hacen en silencio, poco a poco”. El sindicato médico mayoritario, O'Mega-CESM, la CIG y la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Galicia alertan de que la Xunta ha entregado ya a empresas privadas —en su mayoría multinacionales, alguna vinculada a fondos financieros— una considerable parte de los servicios de la red del Sergas. Los portavoces de estos colectivos coinciden en señalar que, a diferencia de lo ocurrido en Madrid, donde la privatización de la gestión hospitalaria se hizo en bloque, “a pecho descubierto”, la Xunta ha optado por “un sutil goteo mucho más difícil de percibir por la ciudadanía”.

 Alberto Núñez Feijóo asegura que nunca pondrá en manos privadas la asistencia sanitaria en sí, la “bata blanca”, en expresión de su conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera. Pero en la lista de la gestión de las áreas de las que se ha ido desprendiendo el Sergas durante sus gobiernos se incluyen la construcción del hospital de Vigo, las ampliaciones de los complejos hospitalarios de Ourense y del Salnés, la central telefónica de llamadas de cita previa, la alta tecnología diagnóstica y terapéutica, el mantenimiento de los equipos, la plataforma logística de medicamentos, el archivo de historias clínicas, la atención de los accidentados leves de tráfico, las telecomunicaciones o la esterilización. De momento.

“Se ha privatizado casi todo como quien no quiere la cosa; queda el personal sanitario aunque lo están tentando a través del modelo que han propuesto de unidades de gestión clínica con el que la Consellería busca un silencio cómplice de los médicos a su intento privatizador”, sostiene la radióloga y miembro de la Asociación en Defensa da Sanidad Pública, Luisa Lores. Para ella, la guinda al desmantelamiento “callado pero constante” de la sanidad pública gallega es la “entrega a multinacionales y fondos de inversión de la gestión de la información" del Sergas (historia clínica, receta electrónica, teléfonos informativos y cita previa) y la investigación, docencia y ensayos clínicos. “Tienen acceso a todos nuestros datos”, denuncia.

El colectivo médico comparte el malestar. El presidente de CESM-Galicia, Candido Andión, asegura que “esta lenta y calculada privatización de la gestión supone un deterioro en la calidad sanitaria”. CESM-O'Mega se lo hizo saber ya a Feijóo en una carta que le remitió el pasado 30 de diciembre. Los representantes de los facultativos expresaban su preocupación por el “sibilino desmantelamiento” de la sanidad pública. La CIG comparte la queja. La secretaria nacional de Saúde, María Xosé Abuín, sostiene que la colaboración público-privada promovida desde el Sergas se hace “con el mayor oscurantismo” y poco a poco, “en un cuentagotas encaminado a impedir la reacción de la opinión pública”.

Las compras del material de radiología, medicina nuclear y radioterapia destinado a los hospitales públicos las decidirá una empresa privada “en lugar de los informes éticos de los profesionales”, sostiene alarmada Abuín. La representante sindical puntualiza que el Sergas ha decidido privatizar la alta tecnología diagnóstica y terapéutica “obviado la reprobación del Consello de Contas al fuerte aumento de las exploraciones innecesarias que dispararon en más del 100% los costes en la gestión privada con respecto a la pública”. Abuín alerta de que la adjudicataria podrá, si lo desea, decidir dejar a los centros comarcales sin los aparatos con los que cuenta y centralizar la actividad en los grandes complejos o en los hospitales privados.

“Ni se busca la eficiencia ni paliar una supuesta obsolescencia del equipamiento”, sentencia Lores apelando al informe del propio Sergas Estrategia 2014 en el que “queda claro que la dotación de equipamientos en los hospitales públicos de Galicia es superior a la media estatal”. Pendientes esta adjudicación y la de esterilización de material clínico, por 160 millones de euros para 12 años, los colectivos ponen el grito en el cielo por el “riesgo de pérdida de calidad” en aspectos sanitarios tan sensibles “dado que las empresas buscan abaratar costes para obtener beneficios”.

Estos son solo los anuncios más recientes. El servicio de mantenimiento de la sanidad pública gallega lo lleva Ibérica de Mantenimiento, SA, que también se hizo con dos lotes del macroconcurso de los hospitales públicos de Valencia. Mientras la gestión de la empresa, con filiales en varios continentes acumula quejas sindicales por “incumplimiento del pliego de condiciones que obligaron a anular numerosas citas”, otra multinacional, Indra, gestiona las historias clínicas electrónicas.

Lores hace hincapié en que “los datos de los pacientes están en manos de un fondo de capital riesgo”, el norteamericano Fidelity, adonde llegaron tras una vuelta completa de la puerta giratoria: Indra, empresa pública privatizada por Rodrigo Rato, tuvo a Bankia como principal accionista cuando el exministro de Aznar desembocó allí. Aunque tras el agujero Bankia fue nacionalizada, Indra mantiene su titularidad privada compartida con Javier Monzón y Fidelity. La Xunta defiende que era el mejor proyecto.

Monzón figura también en el accionariado del grupo ACS al que pertenece Vías y Construcciones, la empresa incluida, junto con CRC y Extraco, en la UTE a la que el Sergas acaba de adjudicar la ampliación del complejo hospitalario ourensano con un coste de 41,1 millones. La UTE gestionará los servicios integrales: limpieza, que ya estaba privatizada; mantenimiento; un nuevo aparcamiento de 700 plazas; suministro energético y la cafetería con los comercios anexos. La Xunta también adjudicó, por más de 10 millones, la ampliación del hospital del Salnés. Lo dejó en manos de Cofely-Suez. La empresa, vinculada al sector energético y a Adeslas, fichó como asesor al vicealcalde de Ana Botella durante la tragedia del Madrid Arena, Miguel Ángel Villanueva. Desde Sanidade sostienen que era el mejor proyecto técnico y la mejor oferta económica.

Más cara, hasta 1.400 millones, será la privatización del mantenimiento durante 20 años del nuevo hospital de Vigo que también asumirán las empresas que lo construyan. La Xunta sostiene que de ese modo se logrará una gestión más eficiente de los servicios no sanitarios.