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El ‘caso Innova’ suma más de 40 imputaciones a lo largo de dos años

La investigación judicial abre varios frentes alrededor del ‘holding’ público de Reus

La vida municipal de Reus cambió para siempre el 9 de enero de 2012. Ese día la CUP de Reus, con un concejal en el Ayuntamiento, denunció ante la Audiencia Nacional por presunta prevaricación a uno de los hombres más poderosos del Consistorio y de la sanidad catalana: Josep Prat. Este ejercía de presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y era director general de Innova, el conglomerado de empresas municipales de Reus. Prat, que dejó sus cargos en la ciudad tras la denuncia, contaba con un Audi A6 pagado por el holding público y cobraba 280.000 euros al año.

En su escrito a la Audiencia, la CUP puso de manifiesto la opacidad de Innova y pidió indagar varias operaciones económicas y modos de proceder de los cargos del Consistorio, que en el último mandato estuvo dirigido por el PSC, ERC e ICV. Desde entonces han aflorado un largo listado de casos de presunta corrupción que investigan la Guardia Civil, la fiscalía y los juzgados de instrucción de Reus. De momento, ha arrojado más de 40 imputaciones. De forma paralela, el Ayuntamiento, con una deuda de 356 millones de euros, pugna por dejar atrás su delicada situación económica financiera. Estos son algunos episodios del caso:

Pagos a un exdirector del CatSalut y coacciones. Prat utilizó Innova para pagar 720.000 euros, IVA aparte, a Carles Manté, exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) entre 2007 y 2011. Ara Reus, partido en la oposición, se querelló. Por estos pagos, presuntamente injustificados, la Guardia Civil los detuvo a ambos en febrero de 2012 y registró sus domicilios. Manté cobró a través de una empresa suya, CCM Estratègies i Salut, que había creado solo ocho días antes de firmar su contrato con Reus, según admitió al juez, y poco después de ser destituido del CatSalut. Los honorarios de Manté fueron pagados por el hospital Sant Joan, propiedad de Innova, pero financiado casi en su totalidad por el CatSalut. Fue el Departamento de Salud, entonces dirigido por Marina Geli (PSC), el que “recomendó” a Innova contratar a Manté, según mantuvo Prat ante el juez. El magistrado del Juzgado de Instrucción 3 de Reus decretó la libertad provisional para Prat y Manté, quienes están imputados por seis delitos: malversación, estafa, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas con funcionarios, blanqueo y contra la hacienda pública. Por su presunta relación con los pagos el juez también encausó al exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC). Además, Manté habría llevado a cabo presuntas coacciones al actual alcalde, Carles Pellicer (CiU), y a la segunda teniente de alcalde, Teresa Gomis. También declaró como imputada Natalia Torrell, exsecretaria de Innova, por presuntos delitos de contratación irregular, estafa y falsedad documental.

Boi Ruiz, implicado. La Guardia Civil investiga si la Generalitat ha pagado con dinero público la defensa judicial de Prat a raíz de media docena de correos electrónicos incautados entre el consejero de Salud, Boiz Ruiz; el consejero de Justicia, Germà Gordó, y el abogado del expresidente del ICS, Xavier Melero. De ser así, ello podría suponer un ilícito de malversación por parte de los ordenantes de los pagos y de los receptores.

Pagos a un arquitecto por las obras del hospital Sant Joan. Jorge Batesteza, exgerente de Infraestructuras del CatSalut, cobró 387.000 euros presuntamente injustificados del Ayuntamiento entre 2007 y 2010 por asesoría técnica para la construcción del hospital. A su vez, habría facturado otros 160.000 euros más al holding de Reus a través de una empresa suya. Batesteza está acusado de blanqueo de capitales, delito societario, malversación de dinero público, prevaricación, delito contra la Administración pública y estafa. Además, tampoco está claro cuánto costó el hospital: las obras se adjudicaron por 70 millones de euros y acabaron costando 131 millones, según explicó Batesteza en la Comisión de Investigación de la Sanidad en el Parlmament, mientras el exalcalde elevó a 180 millones el montante final.

Shirota. El Ayuntamiento avaló en 2008 con tres millones de euros a una empresa de investigación nutricional, Shirota Functional Foods —presidida por Manté—, pese a no tener la mayoría de las acciones en ella. El dinero quedó enterrado en el proyecto y la sociedad, que quebró, acabó siendo liquidada por el actual Gobierno, de CiU y PP. Por el aval están imputados los 14 ediles del PSC, ERC e ICV que gobernaron el pasado mandato. Están imputados los principales socios de la empresa; el exrector de la Universitat Rovira i Virgili, Lluís Arola; el fundador de La Morella Nuts, Joaquim Maria Barriach, y Xavier Goméz, exgerente del Tecnoparc; la segunda teniente de alcalde, Teresa Gomis, y cargos de la empresa, como Manel Jardí.

Las subvenciones europeas. La CUP denunció un posible fraude en la gestión del dinero de la Unión Europea en el pasado mandato para construir un centro de bioempresas, presupuestado en dos millones de euros. El proyecto recibió finalmente 603.775 euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Inspectores de la Oficina Antifraude de la Unión Europea acudieron a Reus para examinar documentación el año pasado y no se descarta un posible desvío de los fondos.

Irregularidades en las ambulancias del Ebro. El caso Innova ha acabado salpicando las comarcas del Ebro. Este mes la Guardia Civil detuvo a Bernardo Coslado García, administrador único de ambulancias Baix Ebre y presidente de la patronal española de ambulancias por presuntas irregularidades en relaciones comerciales entre su empresa y organismos sanitarios públicos. Esta causa es la séptima pieza bajo secreto de sumario separada del caso Innova, informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Coslado está acusado de cohecho, delito societario y tráfico de influencias. A la vez, el juez del Juzgado de Instrucción 3 interrogó al expresidente del ICS tras la detención de Coslado y lo imputó por cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos públicos y blanqueo de capitales. Cuatro hijos de Prat están acusados de blanqueo y falsedad documental.

 

Trabajo por un centro de menores

 Wanplais SL. Josep Prat fundó Wanplais, SL, una sociedad familiar en la que su mujer e hijos han ostentado cargos. Desde esta empresa el expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) obtiene rendimiento de un centro de menores de la Generalitat en el barrio tarraconense del Serrallo ubicado en un edificio que le alquiló el Departamento de Bienestar Social en 2010. Tras lograr el arrendamiento, Prat contrató para trabajar en Innova al cargo político que pilotó ese proceso, Jordi Tous (ERC), exdelegado de la consejería en Tarragona. Por el centro de menores Wanplais está percibiendo mediante un contrato a largo plazo —un mínimo de 10 años— una renta mensual de más de 5.000 euros.

Atoms. Un extrabajador de Innova denunció en junio de 2012 que había sido apartado de su trabajo para adjudicarlo a una empresa externa, Atoms. El Juzgado de Instrucción 2 de Reus investiga si esta empresa y una constructora se beneficiaron de su posición en el Consistorio para obtener obras o alquileres, como el de dos viviendas que hoy son un centro de menores en Reus. Están acusados tres empresarios locales; Enric Agustí, exdirector del hospital Sant Joan de la ciudad; Vicente Gómez Rebollo, exjefe de Obras de Innova, y, de nuevo, Prat.

Tecnoparc. El Juzgado de Instrucción 1 de Reus investiga el pago de facturas presuntamente irregulares por valor de 130.000 euros al exconcejal de Urbanismo, Jordi Bergadà (ERC), y al expresidente de la empresa, Àngel Cunillera, entre 2008 y 2011 en concepto de servicios de asesoría para el parque tecnológico de la ciudad, Tecnoparc.

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