El ‘lobby’ que se libró del ‘tax lease’

El pasado 12 de julio, el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, sorprendió al anunciar que la resolución del tax lease, que se conocería cinco días más tarde, excluiría a los armadores. Las devoluciones del sistema de ayudas al naval declaradas ilegales, cuya factura se llegó a calcular en 2.800 millones de euros, recaería únicamente sobre los inversores. Ahora ha trascendido que el cambio de última hora estuvo precedido de las presiones de la poderosa Asociación de Armadores Noruegos (NSA, en sus siglas en inglés), que en vísperas de ese cambio en el fallo instó “enérgicamente” a la Comisión Europea a que eximiera a sus asociados de la devolución.

 La advertencia figura en una carta desvelada por los representantes legales de uno de los inversores, que deberán afrontar la parte de la devolución que inicialmente iban a compartir con los armadores. En la misiva, la NSA asegura “haberse enterado” de que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea “pretende” que la restitución de las exenciones fiscales recaiga en los armadores —en su mayoría extranjeros— y no en los astilleros. “Es una demanda que entendemos completamente irracional”, advierte la asociación, que alerta de las “consecuencias graves” que ello tendría “no solo para los armadores directamente afectados”.

“De esa carta, firmada en julio de 2013, se deduce que tenían conocimiento de la resolución, lo cual ya es irregular, pero también que estaba previsto que pagaran y que sus presiones lo evitaron”, denuncia el abogado Antón Beiras, representante de Aluminios Cortizo, una de las empresas que deberán retornar las ayudas. Beiras exhibe otro documento para reforzar esta teoría. Se trata de una simple aplicación de la herramienta de control de cambios en el documento de Word en el que fue redactada la decisión, que permite comprobar cómo fueron eliminadas del borrador las alusiones a las “compañías armadoras” en la parte resolutiva.

La combinación de ambos documentos constituye para el abogado “una prueba definitiva” de que las presiones existieron y fueron atendidas. Ocho de los armadores implicados en las operaciones que serán objeto de devolución forman parte de la NSA. “Hay que tener en cuenta que la flota de altura de Noruega es la segunda más grande del mundo y la más desarrollada, lo que la convierte en un poderoso lobby”, subraya el abogado.

Consultado por este periódico, el departamento del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ha eludido comentar la existencia de la carta y los cambios efectuados en el borrador, pero apunta que la Comisión se basó “exclusivamente en los criterios jurídicos de las reglas europeas en materia de ayudas estatales”. “Los beneficiarios de las ayudas estatales ilegales eran las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) y sus inversores”, sostiene Antoine Colombani, portavoz de la Comisaría, en alusión a los grupos ajenos al sector que financiaban la construcción de buques.

La explicación de Competencia es la siguiente: “Con este sistema [el tax lease], la compañía naviera compraba el buque con una rebaja del 20% al 30% sobre el precio de compra facturado por el astillero, pero esta rebaja la concedía la Agrupación de Interés Económico y no era imputable al Estado. Así que esta ventaja, porque no era imputable al Estado, no constituía una ayuda estatal para la compañía naviera según las normas de la UE”.

El abogado de Aluminios Cortizo, empresa que formaba parte de una de esas AIE, replica que el argumento de Competencia “considera ayudado al ayudador”. A lo que añade que el propio borrador preparatorio de la decisión “declaraba beneficiarios de la ayuda a los armadores”. Con ese cambio de opinión, continúa, la Comisión “se plegó a la amenaza de un posible beneficiario en detrimento de otros, los inversores españoles”, por lo que ha reclamado al Tribunal de Justicia de la UE la apertura de una pieza separada para investigar un cambio de última hora que considera de “una gravedad inaudita”. También ha solicitado que se suspenda la orden de ejecución de la devolución de las ayudas.

La carta de los armadores noruegos alertaba a la Comisión Europea de las “graves consecuencias” que provocaría una resolución que les obligase a devolver las ayudas fiscales, “no solo para los armadores directamente afectados”. Avisaban además de “consecuencias de largo alcance”, al crear “inseguridad jurídica para toda la industria naval europea, tanto en Europa como globalmente”. Según la interpretación que realizan fuentes relacionadas con el expediente, con esas afirmaciones la Asociación de Armadores Noruegos trató de advertir no solo de la trascendental relevancia económica de la organización, a la que pertenecen 160 compañías, sino también del problema de competencia que se podría generar.

Noruega no es miembro de la UE, aunque forma parte del Espacio Económico Europeo, a través de la Asociación Europea de Libre Comercio, por lo que se le necesita para adoptar alrededor del 20% de los actos jurídicos europeos. El país nórdico participa en muchos programas, instituciones y actividades de la UE, y la NSA es miembro de la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea. En todo caso, al canalizarse la devolución de las ayudas a través de los Estados, cualquier resolución que implicara a un país que no es miembro de la UE “hubiera provocado un conflicto de competencias”, señalan las mismas fuentes, que sostienen que en el cambio de última hora también influyó la intención de simplificar las devoluciones.