Las garantías de ACS sobre Castor no convencen a nadie

El anuncio de que el almacén de gas Castor podrá empezar a operar este año ha disparado las alarmas en las comarcas del norte de Castellón que sufrieron los movimientos sísmicos. Los alcaldes y los vecinos han manifestado su intención de no ceder ante las presiones de “ninguna empresa”. El Consell, a través de su portavoz, el vicepresidente José Ciscar, también se manifestó este viernes en el mismo sentido al asegurar que el Gobierno valenciano solo dará su conformidad a la reapertura del almacén cuando tenga la “certeza absoluta, la garantía de un 120%, de que no van a producirse más movimientos sísmicos”.

ACS, el grupo presidido por Florentino Pérez que tiene un 66,67% del capital de Castor, comunicó el pasado jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que podrá empezar a operar este año. En la nota remitida a la Comisión, ACS asegura que “tras los oportunos estudios técnicos, que actualmente están en curso, así como tras la correspondiente auditoría técnica y contable que está entregada al Ministerio de Industria, dichos problemas serán solucionados satisfactoriamente por lo que la planta podrá entrar en funcionamiento comercial en 2014”.

El anuncio ha encontrado el rechazo de las autoridades locales y provinciales de Castellón y de los movimientos vecinales. Juan Evelio Monfort, portavoz de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, la comunicación de ACS a la CNMV no deja de ser una maniobra que solo tiene como objetivo “tranquilizar a los inversores que aportaron 1.400 millones con la compra de bonos europeos para este proyecto”.

Monfort alerta de que estos intereses económicos pueden interferir en la decisión del Gobierno sobre la reanudación de la actividad de la planta y advierte de una posible connivencia entre la empresa y las autoridades estatales. El portavoz de la Asociación de Vecinos Migjorn de Vinaròs, Sebastià Fabregat, exigió a las autoridades que “no engañen” y que los millones de euros invertidos no estén por encima de la seguridad. Fabregat se ha mostrado convencido “al 100%” de que los seísmos volverán a producirse en la zona si vuelven a autorizarse nuevas extracciones de gas.

Andrés Martínez, alcalde de Peñíscola y diputado provincial por el PP, asegura: “No vamos a consentir ningún tipo de presión de ninguna empresa al Gobierno, porque no hay empresa tan importante ni tan poderosa que pueda pasar por encima de los intereses generales de los vecinos”. Para Martínez, “garantizar la normalidad de la zona es vital y la tranquilidad de los vecinos es lo primero”. El alcalde de Peñíscola se siente confiado por el compromiso del ministro de Industria José Manuel Soria quien ha reiterado que no se reanudará la actividad de la planta gasista mientras haya un solo informe desfavorable al respecto. Martínez insiste en que la planta “no es necesaria” e insiste en pedir su desmantelamiento sin que cueste un euro a los ciudadanos.

El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, también del PP, no valora el anuncio de ACS, pero se mantiene en su convicción de que no se debe abrir la planta “si no se garantiza al 100% su seguridad”. El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, asegura: “No vamos a permitir que ninguna actividad, por más beneficioso que sea su objetivo, genere riesgo tanto para las viviendas de la zona como para las personas”. Su vicepresidente y portavoz, Miguel Barrachina, señala que se continuará con una “actitud vigilante”.

Actitud que mantienen los vecinos que ya se sienten “escaldados”, en palabras de Sebastià Fabregat, y que no descartan volver a organizarse y reanudar las protestas, cadenas humanas y manifestaciones para pedir el cierre de la planta.