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La Policía investiga un presunto fraude a la UE del grupo Boluda

Las pesquisas se centran en facturas supuestamente duplicadas por Unión Naval de Valencia

La empresa asegura que no hubo registro en su sede del puerto

El presunto fraude a la UE de grupo Boluda en la captación de ayudas a la formación del Fondo Social Europeo podría ascender ya a 519.000 euros y sustanciarse en 39 facturas manipuladas, según fuentes próximas al denunciante de la supuesta irregularidad, el contratista de prevención de riesgos laborales Progene Segurlabor. Estas fuentes sostienen que la investigación indaga ahora la existencia de otras subcontratas afectadas por Unión Naval de Valencia SA, el astillero del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda.

Fuentes próximas a grupo Boluda indican que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional “no registró” el pasado miércoles por sorpresa sus instalaciones del puerto de Valencia. Aseguran que la presencia policial fue advertida con un día de antelación en el marco de las diligencias previas que desarrolla el juzgado de Instrucción número 2 de Valencia.

Un requerimiento aleatorio de Hacienda para cotejar la legalidad de una subvención destapó el presunto fraude de las ayudas del Fondo Social Europeo recibidas por Unión Naval de Valencia, SA, La Intervención General de la Administración del Estado envió el pasado junio una petición de control financiero interesándose por una factura de 30.238 euros bonificada con una subvención. La factura fue emitida al astillero por la subcontrata de prevención de riesgos laborales Progene Segurlabor. El contratista asegura que Unión Naval de Valencia manipuló el concepto del documento. Se modificó unos trabajos de limpieza de unos tanques por los cursos de formación. “Me di cuenta que yo no había emitido esa factura”, explica Sánchez, que fue director de Progene Segurlabor entre 2008 y 2011.

El contratista sospecha que la presunta manipulación fue posible porque firmó, desde 2008, una documentación que le remitía cada noviembre el responsable de recursos humanos de Unión Naval. “Me pedían que firmase unos papales para administración. Una vez objeté y me dijeron: Si desconfías no te renovamos el contrato”. Progene Segurlabor llegó a tener una plantilla de 22 trabajadores e ingresaba anualmente del astillero del grupo Boluda, su único cliente, 900.000 euros.

Progene Segurlabor quebró en 2011 después de que le rescindiera el contrato Unión Naval. El contratista recurrió a los tribunales para cobrar una deuda de 400.000 euros y llegó a interponer una denuncia contra el astillero por un presunto delito de estafa. Reclamaba el dinero de unos “pagarés sin fondos”. Los juzgados no admitieron la denuncia argumentando que Unión Naval atravesaba un concurso de acreedores. El astillero del presidente de AVE cerró en mayo de 2012 después de que Bruselas suprimiese el conocido como Tax Lease, que suponía una reducción de cargas fiscales del 20%.

El contratista enmarca sus problemas financieros con el grupo Boluda a partir de agosto de 2009, cuando una sentencia condenó a Unión Naval de Valencia al desembolso de 11 millones de euros para indemnizar a 71 víctimas del amianto. “Las subcontratas acabamos financiando la construcción de barcos”, dice.