El Tribunal Superior aprecia indicios de soborno en el caso de Oriol Pujol

El TSJC llama a las partes para decidir si imputa a al parlamentario convergente

El diputado de CDC Oriol Pujol (d) y el conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, Andreu Mas Colell, durante la reunión del comité ejecutivo de CDC.
El diputado de CDC Oriol Pujol (d) y el conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, Andreu Mas Colell, durante la reunión del comité ejecutivo de CDC.Toni Garriga (EFE)

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aprecia que hay “indicios racionales” en base al escrito de la fiscalía de que Oriol Pujol, su esposa, Anna Vidal, y dos empresarios (Ricard Puignou y Sergi Alsina) pudieron cometer un delito de soborno en el caso ITV, que investiga una trama que intentó conseguir adjudicaciones de la inspección técnica de vehículos. Según la fiscalía, de un intercambio de correos puede deducirse que Pujol, diputado de CiU en el Parlament, recibió 30.000 euros de los empresarios para que su partido votase a favor de la Ley de Seguridad Industrial.

De los escritos del fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado se desprende ese nuevo delito “con absoluta claridad”, según señala el magistrado. Por ello cita a las partes personadas en el caso para que el próximo 20 de enero “aleguen lo que tengan por conveniente en defensa de sus respectivos intereses”. También llama a la defensa de Anna Vidal, que hasta ahora no tenía abogado porque formaba parte de la causa como testigo. Después de esa vista, el tribunal decidirá si imputa a Pujol y al resto de los implicados por cohecho. El hijo del expresidente catalán ya está imputado en la causa por tráfico de influencias.

El tribunal mantiene, sin embargo, que no hace falta abrir una pieza separada ni “un nuevo proceso contra el aforado Oriol Pujol”, como pedía la fiscalía, puesto que considera de un delito “conexo” con el de tráfico influencias, que se dirimirá por el procedimiento de jurado popular.

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Asimismo, el tribunal hace referencia a la mención por parte del fiscal de personas que hasta ahora no han sido imputadas en la causa: el presunto mediador del tripartito con las empresas del sector de las ITV, Joan Martí Arjona, y Lluís Gasull Poch, coordinador de Plan de Energía de la Generalitat. Ambos son mencionados en el informe de la fiscalía, por su “participación en los hechos investigados”. Por ello pide el tribunal que se concrete y se califique la acusación contra ambos. Gasull percibió, según la Agencia Tributaria, 86.800 euros en tres años de una de las empresas que finalmente ganó una de las adjudicaciones de ITV, Atisae. Martí recibía, según Hacienda, 6.000 euros mensuales del empresario imputado Ricard Puignou.

Finalmente, el auto del TSJC, en uno de los primeros puntos, aprovecha para reprochar al fiscal que informase a los medios, a través de un comunicado de prensa, de su petición de imputación por soborno para Pujol, Vidal y los empresarios Puignou y Alsina. Eso supuso, según el TSJC, que las partes se enterasen por la prensa de la solicitud del ministerio público. Algo que no es “lógico, ni conveniente, ni necesario”. Esa forma de proceder, asegura, se “escapa del ámbito de una instrucción esmerada y serena”.

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La petición del fiscal se sustenta en un último informe, elaborado por la Agencia Tributaria de diciembre. En ese documento, remitido al juez, constan decenas de correos electrónicos entre los miembros de la presunta trama corrupta. Según se deduce de estos, Alsina —empresario relacionado con el sector, íntimo amigo de Oriol Pujol y jefe de forma intermitente de su mujer, Anna Vidal— recibió dinero de Puignou. El objetivo era que influyese en Pujol para que su grupo votase a favor de la Ley de Seguridad Industrial, que entró en vigor en julio de 2008 y que regula, entre otras cosas, el sector de las ITV, y para que presentasen enmiendas a la ley del Tripartito a favor de sus intereses. El fiscal sospecha también que parte de ese dinero llegó a Pujol a través de su esposa, que a su vez trabajó para Alsina.

CDC esgrime que la acusación no tiene sentido, porque cuando se aprobó la ley gobernaba el Tripartito. Y niega, de forma sistemática, las acusaciones sobre su exsecretario general.

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