La juez Alaya acusa a otros dos ex altos cargos de prevaricación
Anticorrupción pide para Javier Aguado una fianza civil de 4,6 millones de euros
La magistrada que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha imputado a Javier Aguado y a Lourdes Medina, ex secretarios generales de la Consejería de Empleo, los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Para Aguado, quien se ha acogido a su derecho a no declarar ante la juez, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de 4,6 millones de euros. Aguado fue secretario general técnico de Empleo entre 2004 y 2008.
La fianza solicitada para Aguado equivale, según fuentes del caso, al 20% de las desviaciones presupuestarias aprobadas en esos cuatro años. Por su parte, la Junta de Andalucía no ha pedido fianza y el sindicato Manos Limpias se ha sumado a la petición de la fiscalía. Según dichas fuentes, la comparecencia de Aguado comenzó casi dos horas después de lo establecido debido a un retraso de la magistrada.
También ha comparecido Lourdes Medina, quien sustituyó a Aguado en el cargo hasta 2012. Además de los delitos de prevaricación y malversación, Alayale ha imputado el de omisión del deber de perseguir delitos. Al contrario que su antecesor, Medina ha contestado a las preguntas de la juez. Para Medina, la fiscalía ha pedido una fianza de 4,1 millones.
Javier Aguado y Lourdes Medina fueron imputados el pasado mes de junio, por haber mantenido el uso de las transferencias de financiación para sufragar subvenciones, junto a otros 18 ex altos cargos de la Administración andaluza, entre ellos la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.
