Maeztu pide que las multas de tráfico se destinen a la seguridad vial

El defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido a los Ayuntamientos andaluces de más de 20.000 habitantes que el importe de las infracciones de tráfico se destinen a seguridad vial y ayuda a las víctimas. El defensor, ha iniciado una actuación de oficio dirigida a los Ayuntamientos para que asuman el compromiso que ha adquirido la Administración General del Estado para que el importe de las sanciones económicas de las infracciones de tráfico se destine íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas.

Para el defensor, se trata de recoger un debate existente en la ciudadanía sobre la finalidad de las sanciones de tráfico. Jesús Maeztu se pregunta si, además de reprimir las conductas infractoras, prevenir la comisión de infracciones y reeducar a los sancionados en el respeto a la normativa vulnerada, las multas sirven para recaudar ingresos para financiar las necesidades de las corporaciones locales; por lo que la institución cree que los Ayuntamientos deben asuman el compromiso de destinar el importe obtenido a través de las sanciones a fines que guarden una íntima conexión con el fomento de la seguridad vial.

El texto de la oficina del Defensor del Pueblo considera prioritario la financiación de actividades relacionadas con la formación en educación vial. Para ello, el defensor ha planteado a estos Ayuntamientos que “cree muy necesario que sus planes asuman este compromiso y lo recojan, como tal, en las ordenanzas de tráfico que, en su caso, estén aprobadas por los municipios o se encuentren en tramitación, sin perjuicio de su lógico reflejo en el presupuesto municipal”.

Según el escrito, con la aplicación de esta medida “se evitará cualquier sospecha, fundada o no, de utilización de las sanciones económicas con una finalidad recaudatoria, se reforzará la financiación de las medidas mencionadas y se legitimará, aún más si cabe, la labor de los agentes encargados de velar por la seguridad y la ordenación del tráfico”. “Creemos que se trata de una medida ponderada y coherente con los fines de la propia Ley de Seguridad Vial y de respeto con la actuación de los agentes que vigilan la ordenación y regulación del tráfico”, concluye el defensor.