La sanidad mira a las urnas

Los tiempos son los que son. Falta bastante más de un año para las próximas elecciones autonómicas (mayo de 2015), pero todo asesor político sabe que la carrera hasta las urnas empieza muchos meses antes de la campaña oficial. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han decidido esta semana devolver los recursos contra la privatización sanitaria a sus juzgados de procedencia, lo que tiene dos lecturas. Por un lado, la marea blanca, el movimiento de protesta que ha sacado a la calle a miles de personas contra el plan regional, ha ganado un tiempo precioso para dilatar el proceso y demorar la entrada de las empresas en la gestión de los hospitales. Por otro, el tictac del reloj se le vuelve en contra al presidente madrileño, Ignacio González, que ve cómo una de sus apuestas estrella de la legislatura sigue suspendida cautelarmente por orden judicial. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿le interesa seguir adelante y reactivar las manifestaciones y los plantes de la marea blanca?

La principal consecuencia de la decisión de los 43 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM es que los siete recursos presentados por partidos políticos, asociaciones de médicos y sindicatos vuelven a los juzgados de origen, que son los que deben resolverlos. Hay uno especialmente relevante, el de AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid), la organización que ha liderado el movimiento de protesta contra los planes del Gobierno regional durante los últimos 15 meses. Fue su recurso el que propició que la sección tercera ordenara en septiembre pasado la suspensión cautelar del proceso, que sigue vigente después de que la supersala del TSJM —el pleno de todos los magistrados de la Sala Contencioso-Administrativa— acordara devolverle la competencia. Los jueces, con su votación, han tumbado la decisión de Gerardo Martínez-Tristán, expresidente de la sala, recusado por el PSOE por sus relaciones con el PP, y que fue quien avocó al pleno todos los recursos, un movimiento “inusual” según fuentes jurídicas.

La Comunidad de Madrid recurrió la decisión de paralizar el proceso, así que ahora la sección tercera tiene que determinar si mantiene la suspensión o acepta los argumentos del Gobierno regional y la levanta. Fuentes judiciales apuntan a que difícilmente un juzgado va a contradecirse a sí mismo. Más aún cuando el auto en el que la sección tercera ordenó la suspensión apuntaba a posibles irregularidades que iba a investigar y aludía a que paralizar el proceso era lo único que podía evitar las “irreversibles” consecuencias de la privatización si finalmente, una vez analizado el fondo del asunto, fallaba que la adjudicación de seis hospitales públicos a tres empresas no había sido correcta. La decisión de este juzgado sobre el recurso de la Comunidad puede demorarse desde semanas hasta meses, según estas mismas fuentes. Si todo sigue igual, el siguiente paso sería la sentencia, es decir, de año a año y medio más.

“Que se levante la suspensión sería también una pésima noticia para el Gobierno del PP de Madrid, como reconocen en privado algunos de sus expertos más respetados”, señala el portavoz de Sanidad del PSM, José Manuel Freire, médico y profesor en el Instituto de Salud Carlos III, que considera que la marea blanca es “el mayor movimiento cívico de la democracia”. “Desenterrar ahora la privatización tendría un gran coste electoral para el PP de Madrid, tanto si se produjera antes de las elecciones europeas de mayo de 2014, como antes de las regionales. ¿Se lo puede permitir un PP que tiene en la picota a todos sus responsables madrileños (González, Botella, Aguirre) y sufre una continua sangría moral por todo lo que se va conociendo de Blesa, Bárcenas, Gürtel, etc.? En esta legislatura, la privatización está muerta”, sentencia. Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, ha pedido a González que incluya la gestión privada de los hospitales públicos en su programa electoral para 2015. “Que los ciudadanos decidan”, desafía.

Lo cierto es que la marea blanca ha desgastado la imagen del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, y del presidente González. Miembros del Gobierno regional reconocen en privado que el plan no se ha explicado bien desde el principio y que la apuesta por llevarlo adelante sin contar con los profesionales fue arriesgada y, como se vio después, fracasada. El Gobierno de Madrid ha estado completamente solo en su intención de introducir la gestión privada. Ninguna organización, colegio profesional o sociedad científica ha apoyado el plan. Es más, la mayoría lo ha criticado duramente por su improvisación y porque Lasquetty no ha sido capaz de justificar el supuesto ahorro de la medida ni la mayor eficiencia.

La privatización no figuraba en el programa electoral del PP. Sin embargo, el 31 de octubre de 2012, día de presentación de los presupuestos para 2013, el flamante presidente madrileño —apenas llevaba un mes en el cargo en sustitución de Esperanza Aguirre— anunció su intención de sacar a concurso la gestión de seis hospitales públicos inaugurados en 2008 por su predecesora.El argumento siempre ha sido el de la necesidad de ahorro en tiempos de crisis; González aseguró el pasado mayo en una entrevista con EL PAÍS que si Madrid no hubiera perdido en 2013 mil millones de euros de financiación estatal no habría decidido privatizar.

SEn cuanto se anunció el plan, la indignación prendió enseguida en los hospitales afectados —Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda) y del Tajo (Aranjuez)—, pero también en el resto. El de La Princesa, amenazado con convertirse en una especie de geriátrico, se convirtió en el bastión de la lucha. En cuestión de días, la sanidad madrileña estaba incendiada: encierros, concentraciones, manifestaciones...

Y por primera vez las protestas no estaban lideradas por los sindicatos, sino por profesionales hasta entonces sin conexión con partidos políticos u otro tipo de organizaciones. Los médicos, generalmente poco dados a la protesta pública, salieron a la calle. Los jefes de servicio de los hospitales públicos, a reunirse y consensuar cartas de protesta. Las sociedades científicas, a hacer públicos textos que condenan el plan regional. El Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) abandonó su tradicional equidistancia y emitió comunicados muy duros que, entre otras cosas, alertaban de que con la gestión privada “los tratamientos podrían estar supeditados a criterios economicistas en lugar de a los puramente clínicos”.

Pese a la oposición en bloque de todo el sector sanitario, el Gobierno regional siguió adelante. El 19 de agosto de 2013 culminó la adjudicación de los hospitales a tres empresas (Ribera Salud, Bupa Sanitas y el grupo puertorriqueño Hima San Pablo). No hubo competencia real. Solo se presentaron ellas tres, y les interesaron centros distintos, algo que los partidos de la oposición no atribuyeron al azar —la probabilidad de que se dé esa combinación es inferior al 0,1%— sino a una concertación o reparto previo. Para entonces el conflicto sumaba 10 meses, 22 jornadas de huelga, 8.000 cirugías aplazadas y 76.000 consultas suspendidas.

El concurso fue controvertido por más cosas que la falta de competencia. Las empresas ofrecieron una cápita (gasto anual por habitante asignado) que solo rebajaba en unos céntimos la propuesta por el Gobierno regional. Ribera Salud, por ejemplo, que optaba a dos centros, ofertó solo cuatro céntimos menos en el de Vallecas —549,35 euros frente a 549,39— y uno menos en el de Arganda —450,06 euros frente a 450,07—. Es decir, la Comunidad de Madrid iba a pagar prácticamente el máximo previsto en los pliegos de condiciones pese a que generalmente en los concursos públicos se hacen ofertas a la baja para conseguir mejor puntuación que los rivales.

El auto de la sección tercera que ordenó paralizar el proceso se fijó en otra supuesta irregularidad que le denunciaron los médicos de AFEM. El texto (24 páginas) aseguraba que el tribunal debe “ponderar los perjuicios” para los recurrentes, los licitadores y “el interés general” que se producirían si estimara el recurso de AFEM una vez adjudicados los hospitales. El plan privatizador “es de unas dimensiones tan extraordinarias” —los profesionales sanitarios afectados son 5.000; 1,2 millones de ciudadanos—, decía, que, de seguir adelante y si finalmente una sentencia obligara a volver a la situación anterior, los cambios en la gestión sanitaria pública serían ya “irreversibles”.

La sección tercera destacaba la modificación en el concurso que hizo la Comunidad de Madrid solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo. Mediante una corrección de errores en el boletín oficial, Sanidad cambió las garantías que deben depositar las concesionarias (avales para cubrir incumplimientos de contrato y penalidades, daños y perjuicios...) y las redujo a una décima parte (de 233 millones de euros a 28). La oposición política y la marea blanca lo calificaron de “regalo” a las empresas para facilitar que concursaran. El cambio, dijo el tribunal, “supone una modificación sustancial de las condiciones” que “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”. Esta es, añadía, “una circunstancia que no puede ser obviada por la Sala”.

Todas estas cuestiones aún están pendientes de ser estudiadas por los tribunales. Y aún pueden sumarse más, puesto que AFEM acusó hace unos días a la Consejería de Sanidad de haber hecho cálculos económicos que benefician a las concesionarias. Su presidente, Pedro González, explicó que se cometieron “errores” al calcular el coste por habitante de la asistencia sanitaria, un dato fundamental, puesto que la Comunidad de Madrid basa su apuesta por la privatización en la presunta reducción de costes que conllevaría.

Los siete recursos del TSJM son solo una parte del enorme embrollo judicial que tiene pendiente el Gobierno regional a cuenta de su plan privatizador. El procedimiento más dañino para la imagen de los gestores sanitarios de Madrid es la querella abierta en el juzgado de Instrucción número 4 de Madrid. El magistrado Marcelino Sexmero la admitió a trámite en junio pasado y decidió investigar el proceso de privatización de la gestión hospitalaria que inició el Gobierno regional en 2003. En el auto de admisión solicitó una extensa lista de información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa.

Y también imputó a la cúpula de la sanidad madrileña: dos exconsejeros de Sanidad (Manuel Lamela y Juan José Güemes) y dos altos cargos actuales (Patricia Flores, viceconsejera, y Antonio Burgueño, director general de Hospitales), y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas. Sexmero se reafirmó en la necesidad de investigar los posibles delitos denunciados por AFEM (prevaricación, cohecho...) en octubre pasado, cuando desestimó un recurso de Güemes contra el auto de admisión de la querella.

Las cifras han sido uno de los talones de Aquiles del Gobierno regional durante estos 15 meses de marea blanca. Primero no quiso ofrecerlas, y después no supo explicarlas: la falta de información le estalló en la cara. Sindicatos y asociaciones de médicos se pusieron manos a la obra y con simples comprobaciones en los presupuestos y las memorias del Servicio Madrileño de Salud rebatieron los supuestos ahorros que González y Lasquetty decían que iban a conseguir.

Varias fuentes consideran que el Gobierno regional subestimó a los profesionales sanitarios. Al anunciar el plan privatizador, solo dio dos cifras. Aseguró que los hospitales cuya gestión quería entregar a manos privadas costaban 600 euros por habitante y año y los de gestión enteramente privada eran más baratos, 441 euros. Además de que las propias cuentas regionales desmentían ese cálculo, los médicos pusieron el grito en el cielo. No podían entender cómo se planteaba un cambio de tal envergadura en la gestión de la sanidad pública madrileña sin una memoria económica detallada y pública.

La Comunidad entró en un baile de cifras. Lasquetty admitió en diciembre de 2012 que no sabía cuánto iba a ahorrar con la privatización. Unos días después habló de 200 millones; posteriormente el dato ya fue 169. Unos meses más tarde, en octubre de 2013 el presidente, Ignacio González, volvió a cambiar la cifra: el ahorro sería de 130 millones.

Hoy el plan está paralizado, las empresas concesionarias disgustadas y probablemente perdiendo dinero por los avales bancarios que firmaron, y al PP madrileño le espera su primera carrera electoral sin Aguirre como cabeza de lista. No solo la justicia decidirá el futuro de la privatización en Madrid.