Feijóo pide buscar una solución “legal” que evite el derribo del Talaso en Oia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es partidario de evitar el derribo del complejo hotelero Tálaso Atlántico de Oia denunciado por el anterior Gobierno bipartito y que cuenta con una sentencia firme de demolición después de que el Tribunal Superior hubiese declarado ilegal el permiso municipal para levantarlo.

El alcalde de este ayuntamiento pontevedrés, Alejandro Rodríguez (PP), dictó en diciembre un decreto que ordena su demolición, acuciado por las amenazas de multas sucesivas (de 1.500 euros) que llegaban de los tribunales. No obstante, el regidor lleva años defendiendo que el asunto tiene arreglo sin pasar por la piqueta. Una tesis que comparten los propietarios del balneario que ya han advertido durante el pleito que demandarán al Ayuntamiento de Oia, responsable de conceder la licencia, 18 millones de euros si su complejo residencial se ve reducido a escombros.

El atajo que buscan los dueños de la propiedad pasa por legalizarlo a través de un nuevo plan urbanístico (que ya está redactando el gobierno local) y que requiere del aval de la Xunta. Ayer el presidente defendió su legalización y reconoció que la Consellería de Medio Ambiente ya se ha puesto manos a la obra. Feijóo apeló al “problema de enorme contenido económico, turístico, social y laboral” que en su opinión representaría demoler el hotel y y recordó que el Ayuntamiento debe “resolver el problema sobre el que tiene competencias en materia urbanística”. A renglón seguido, admitió que “dada la trascendencia económica y social, lo lógico es que la Consellería de Medio Ambiente, que tiene competencias en materia de la ley del suelo, estudie si tiene solución legal y en eso estamos”.

Las declaraciones del presidente llegaron al término de la reunión semanal de su Gobierno que, entre otros acuerdos, modificó el decreto de aprovechamientos forestales, un sector (fundamentalmente el maderero) que en Galicia factura 1.700 millones al año. La norma prohíbe con carácter general los pastos durante dos años en los montes que han sufrido incendios. Dicho decreto regula por primera vez la recogida de setas y se ha pactado con la federación micológica gallega. Establece el derecho de los propietarios de los montes a prohibir la recogida de setas en parcelas que deberán estar señalizadas. La cantidad máxima que se permite recoger para el consumo privado (que no precisa de autorización) es de dos kilos por persona y día, siempre que no sea en plantaciones.