El magistrado interrogará en Valencia a otros 11 testigos por el ‘caso Nóos’

El juez del caso Nóos no solo ha puesto fecha para la declaración por escrito del expresidente del Consell Francisco Camps. En el auto de José Castro hecho público este miércoles fija día y hora para el interrogatorio de otras 11 personas que comparecerán ante el juez en la Ciudad de la Justicia de Valencia entre los días 31 de enero y 1 de febrero.

Esta será la cuarta ocasión en que Castro se desplaza a Valencia para tomar declaración cargos o funcionarios relacionados de alguna forma con los contratos que firmaron la Generalitat, a través de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), y la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau con el Instituto de Iñaki Urdangarin. La entidad del duque de Palma se embolsó de las administraciones valencianas más de 3,6 millones de euros por las jornadas llamadas Valencia Summit entre 2004 y 2006 y unos Juegos Europeos que nunca se celebraron.

La lista de nuevos citados -todos ellos en calidad de testigos- surge de la petición de uno de los imputados de la rama valenciana de Nóos, Jorge Vela, ex director general de CACSA. En primer lugar, Castro cita para la tarde del día 31 de enero a un funcionario de la Intervención General del Estado cuya identidad solo se concreta con un número, al igual que en el caso de otro empleado público de la misma Intervención.

Al día siguiente, el magistrado prevé tomar declaración a la responsable de gabinete del director general de CACSA, Carmen Descals; a Amparo Porrás, adscrita a la misma sociedad pública; a Jaume Mata, subdirector de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, que ya declaró anteriormente ante Castro; al director general de la sociedad Parques Temáticos de la Comunidad Valenciana, Nicolás Figueras; a María Francisca Llácer, Amparo Castellano y Eugenio Pérez, personas de las que no se dan más datos; al exinterventor del Ayuntamiento de Valencia Víctor Espinosa (12.30), y al interventor-tesorero del Consistorio, Ramón Brull.

Además de pedir la comparecencia de estos testigos, Jorge Vela presentó un escrito en el que señalaba que el llamado Consorcio Valencia 2007 "desempeñó un papel, bien sea periférico o nuclear, en las decisiones atinentes en los Valencia Summit", lo que motivo que llevó al juez a solicitar a la Generalitat las actas de esta entidad relativas a los años 2004, 2005 y 2006.

Vela aportó junto a su escrito hasta un total de 29 correos electrónicos relacionados con la génesis de los Valencia Summit, en uno de los cuales el asesor en la Secretaría Autonómica de Eventos y Proyectos y del Comisionado para la Copa América en el gabinete del presidente de la Generalitat, Nicolás Figueras, trasladaba "órdenes directas" a la responsable de gabinete del director general de CACSA, Carmen Descals, procedentes del exconsejero de Economía Gerardo Camps -este último también ha declarado como testigo-.

El exdirector general de CACSA sostenía que los correos aportados a la causa evidenciarían que "todo estaba cerrado a priori desde el primer convenio, con un papel predominante del Ayuntamiento" a través de Convention Bureau, "utilizando a CACSA como mero instrumento de la Generalitat Valenciana".

En sus declaraciones ante el juez, Vela desvió la responsabilidad de los convenios con Nóos hacia el exresponsable de la Sociedad Pública Proyectos Temáticos Luis Lobón, también imputado. En relación con otro imputado, el empresario Miguel Zorío, que actuó de puente entre Urdangarin y la Administración valenciana, el auto de Castro rechaza por segunda vez retirar la acusación contra él.