El cambio de nombre de tres hospitales antes de inaugurarse costó 376.000 euros

Cuatro de mayo de 2007. Esperanza Aguirre acude al acto de “finalización de las obras”, que no inauguración, del hospital de Vallecas. Con chaqueta roja y falda negra, la presidenta madrileña se fotografía frente a la puerta de las urgencias, por los pasillos, en una habitación... flanqueada por su entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Los políticos posan frente a la entrada principal. “Hospital de Vallecas”, se lee en el enorme rótulo. Faltan 23 días para las elecciones autonómicas y algo menos de un año para que el hospital entre finalmente en funcionamiento. Cuando se inaugura, en febrero de 2008, el cartel ya es otro: hospital Infanta Leonor. Cambiar de nombre al centro costó 272.635 euros.

Otros dos centros de los seis que abrieron a principios de 2008, llamados nuevos hospitales, y que nacieron con una gestión mixta pública y privada —las constructoras que los levantaron se ocupan de todo lo no sanitario (restauración, administración, limpieza...), mientras la Comunidad pone el personal sanitario—, también cambiaron su denominación. El hospital del Sur, en Parla, se convirtió en Infanta Cristina; el hospital del Norte, en San Sebastián de los Reyes, pasó a ser llamado Infanta Sofía. En total, sustituir unos nombres por otros costó a las arcas públicas 375.696 euros, según la respuesta parlamentaria del Gobierno regional a una pregunta de UPyD.

Fue justo dos meses después de la foto en el acto de finalización de obras del hospital de Vallecas cuando Aguirre anunció que los hospitales iban a llevar el nombre de las infantas. Tras una audiencia con el Rey Juan Carlos, la presidenta contó a los medios de comunicación que le había pedido permiso para llamar Infanta Sofía e Infanta Leonor a dos de los nuevos centros. Por aquel entonces, aún no estaba decidido cuáles iban a ser. Para cuando se inauguraron, los carteles y letreros ya habían sido sustituidos. Fue necesario realizar un modificado sobre el proyecto original para incluir los cambios. Un portavoz de la Consejería de Sanidad precisó ayer que las concesionarias únicamente tuvieron que sustituir la señalización, puesto que otro material que suele lucir la denominación de los centros, como la lencería (sábanas, pijamas...), aún no se había encargado.

“Hice la pregunta porque sospeché que el cambio de nombres tenía unos costes”, señala el portavoz de Sanidad de UPyD en la Asamblea, Enrique Normand. “La Comunidad tendría que explicar a qué se debe que el cambio de nombre del hospital de Vallecas fuera más caro que el de los otros dos centros. Es una muestra más de la improvisación y la mala gestión a la que lleva sometida la sanidad pública madrileña durante años”, considera.

Los nuevos hospitales fueron una promesa electoral de Aguirre durante la campaña de 2003. No llegó a tiempo de inaugurarlos durante la legislatura, pero le permitieron hacerse infinidad de fotos de primeras piedras, visitas de obra y finalizaciones de obra hasta llegar a la campaña de mayo de 2007. Algunas de aquellas visitas se vieron envueltas en polémica. La presidenta-candidata acudió al supuestamente ya terminado hospital del Sur, en Parla (después, Infanta Cristina) el 7 de mayo de 2007. En su afán por conseguirle a Aguirre buenas fotos, sus asesores mandaron trasladar desde otro hospital una incubadora. Al acabar el acto y marcharse políticos y periodistas, unos operarios la sacaron por una puerta trasera para devolverla a su lugar.

Al año siguiente Aguirre pudo al fin inaugurar sus hospitales. Empezó con el del Henares (8 de febrero) y acabó con el Infanta Leonor de Vallecas (29 de febrero). Entre ellos, Sureste (en Arganda), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y Tajo (Aranjuez). Seis hospitales en menos de un mes. La gestión sanitaria de estos seis centros es la que ahora pretende privatizar el Gobierno regional. Mañana y pasado se reúnen los 50 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que deberán decidir si se mantiene la suspensión cautelar del proceso.

“Nos parece una frivolidad gastar casi 400.000 euros del dinero público para cambiar el nombre de tres hospitales. El mismo Gobierno que hace no mucho derrochó recursos con el cambio de nombre de estos hospitales pretende ahora privatizar la gestión de estos mismos centros como una supuesta medida de ahorro”, señala Normand.