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Andalucía protege 34 nuevos enclaves de la dictadura franquista

La ley que prepara el Gobierno prevé crear “rutas de memoria histórica”

La ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la anterior legislatura es una de las normas que el Ejecutivo del PP ha ido arrinconando mediante la eliminación de las partidas presupuestarias. El camino que se ha elegido en Andalucía es el opuesto.

El Gobierno andaluz de PSOE e IU ha previsto en las cuentas autónomicas un gasto de 865.000 euros para 2014 y tiene previsto enviar al Parlamento en el primer semestre del próximo año la ley andaluza de Memoria Democrática. En la última reunión del año, el Consejo de Gobierno aprobó la declaración de 34 lugares de la memoria histórica, en el que se incluyen enclaves no solo de la Guerra Civil, sino de la dictadura franquista. En total ya hay 50 emplazamientos reconocidos.

La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucional que dirige Diego Valderas (IU) ha protegido la conocida ruta guerrillera de los hermanos Jubiles, maquis de Sierra Morena que lucharon contra los franquistas desde el comienzo de la Guerra Civil hasta 1944. Cayeron abatidos el 6 de enero de 1944 en un cortijo de Montoro (Córdoba), “una edificación que se encuentra en ruinas, tal y como quedó tras el asalto”, según la documentación facilitada por la Junta.

Otro de los enclaves protegidos con la figura de lugares de la memoria histórica es la cárcel provincial de Huelva, un centro de represión durante la guerra y la posguerra. Este centro penitenciario, se convirtió a finales de los años sesenta en la prisión donde se internaban a los presos homosexuales donde eran sometidos a “prácticas pseudomédicas” como descargas eléctricas para “curar” lo que se consideraba una enfermedad, según asegura el comité de expertos que documenta cada lugar protegido. En junio de 2004 se colocó en la entrada de la prisión, ahora convertido en un centro social, una placa en homenaje a los homosexuales que fueron sometidos a trabajos forzados, palizas y humillaciones.

El conocido como canal de los presos de Sevilla también ha sido declarado lugar de la memoria. Cruza siete municipios de esta provincia. Entre 6.000 y 7.000 penados construyeron este canal de riego de 82 kilómetros entre 1940 y 1962, “en una de las mayores pruebas del trabajo esclavista que se dio en la dictadura”, aseguran los memorialistas.

Apenas son tres de los 34 enclaves protegidos por el Gobierno autónomo en las ocho provincias en los que hay lugares vinculados a la lucha en favor de la democracia y en defensa de la legalidad republicana, como el barranco de la Huesa, en Córdoba. También figuran lugares vinculados a los crímenes del franquismo y para el recuerdo de las víctimas, como las fosas comunes de Úbeda (Jaén), Almonte (Huelva), Santaella (Córdoba), Grazalema (Cádiz), Palma del Condado (Huelva), Puebla de Cazalla (Sevilla) y Barranco del Carrizal (Granada).

Igualmente, figuran espacios ligados a la resistencia contra el golpe militar y contra el régimen franquista, como la cárcel de mujeres de Málaga o el antiguo penal de El Puerto de Santa María (Cádiz); y lugares vinculados a la Guerra Civil, como los refugios antiaéreos de Almería y el llamado cerco de Granada. Este último sitio afecta a nueve municipios granadinos leales al Gobierno de la República donde se construyeron estructuras defensivas. La Junta pretende fomentar una “ruta de la memoria” en esta zona, según se contempla en el proyecto de ley de Memoria Democrática.

La declaración de Lugar de la Memoria Histórica implica la identificación, señalización y preservación de los enclaves por parte de la Administración pública a la que pertenezcan los enclaves. En caso de que la propiedad sea privada, la Junta andaluza promueve la firma de acuerdos con las personas y entidades titulares.

El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, destacó que Andalucía es “casi la única comunidad autónoma que mantiene políticas dirigidas” a la memoria histórica, “frente al desmantelamiento presupuestario” que ha realizado el Gobierno central. Según él, estas políticas son fundamentales “para no cometer errores en el futuro, consolidar las libertades y honrar la memoria de quienes defendieron la democracia”.