Las públicas rechazan en bloque otra universidad católica

La implantación en Alicante de la Universidad Católica San Antonio superó ayer el trámite del Consejo de Educación Superior valenciano, a pesar del rechazo de los representantes de las universidades públicas, con el rector de la Jaume I, Vicent Climent, a la cabeza, y algunas reservas de las restantes, según fuentes de la reunión. De hecho, todas pidieron que se solicitara a la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva un estudio de viabilidad sobre el número de centros de educación superior que puede soportar el sistema universitario valenciano.

Nunca se había convocado el Consejo Valenciano de Universidades en diciembre, lo que da una idea de lo excepcional del principal asunto a tratar: Estudiar la propuesta de la nueva universidad, que tiene previsto instalarse en Sant Joan d'Alacant. Los planes iniciales, no obstante, al menos asi se anunciaron, era comenzar a impartir clases en el presente curso. Los plazos actuales indican un retraso respecto a esos planes. En medio, el Tribunal Constitucional ha sentenciado que las universidades católicas deben seguir la misma tramitación que cualquier universidad privada.

 El director general de Universidades, José Miguel Saval, presentó la memoria de la institución, con datos sobre ubicación, superficie, estructura, titulaciones (diez en principio), tipo de profesorado y PAS, garantías financieras y política de becas. Datos como el número de doctores previsto (una media de 79%) hizo que las universidades públicas cuestionaran la credibilidad de la información facilitada.

Con todo, la principal crítica se refirió a saturación en el sistema de las principales carreras que la nueva universidad pretende implantar en Alicante, como son Dirección de Empresas, y sobre todo varias de Magisterio y Ciencias de la Salud, presentes ya en numerosos campus. Estas últimas, además, saturarán aún más la oferta existente de prácticas en hospitales y escuelas públicas, así como de plazas de Médico Interno Residente (MIR).

La documentación, que según fuentes universitarias, incluía una carta de compromiso para que los estudiantes hagan prácticas en el sistema público de salud valenciano, será enviada ahora al Ministerio de Educación, que deberá informar, explicaban de la Consejería de Educación, y a continuación la Generalitat podría iniciar los trámites para su aprobación por el Consell y las Cortes.

La reunión del Consejo de Universidades sirvió también para aprobar las escuelas de doctorado de las universidades de Alicante y Jaume I.