Sánchez-Camacho especula con la suspensión de la autonomía de Cataluña

El Gobierno prevé frenar el plan soberanista de Artur Mas mediante recursos ante el Tribunal Constitucional y bloqueando todas las medidas legislativas que los nacionalistas catalanes presenten en las Cortes. La suspensión de la autonomía de Cataluña sería una medida de último recurso que hoy por hoy no está encima de la mesa de Mariano Rajoy. Sin embargo, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha comenzado a especular hoy con la posibilidad de tomar medidas de este tipo. Camacho ha apuntado que una posibilidad podría ser inhabilitar a Artur Mas como presidente de la Generalitat y la otra sería la suspensión de la autonomía.

“Se pueden tomar muchas decisiones, desde inhabilitaciones, cambios de gobiernos... sin tener que menospreciar ninguna competencia. Si alguien incumple la Constitución se producirán las consecuencias, y no será [culpa] de quien lo aplica, sino de quien la incumple”, ha señalado en una entrevista en Catalunya Ràdio. Sánchez-Camacho ha confiado en que no se llegue a esta situación. Sin embargo, al ser preguntada sobre la comparación entre Gran Bretaña y España en la gestión de los casos escocés y catalán, Sánchez-Camacho ha puntualizado: “Gran Bretaña ha suspendido una autonomía, la del Ulster. La suspendió de manera pacífica. Aquí se habla de suspensión de autonomía y parece que sea el gran bache antidemocrático”. En cambio, ha reiterado que cuando se suspendieron las funciones del Gobierno del Ulster por la violencia del IRA en 2002 “no pasó nada”.

Pese a estas advertencias, los partidos favorables a la celebración de la consulta siguen negociando para buscar resquicios legales que permitan celebrar el referéndum. En febrero aprobarán en el Parlamento catalán la ley de Consultas, que contará con diferentes fórmulas para elaborar censos electorales. Una vez descartado utilizar la vía de la tarjeta sanitaria por flagrantes problemas legales sobre protección de datos, la previsión es ahora poder utilizar la información que tiene el Instituto de Estadística de Cataluña. Además, la ley prevé crear un registro para que los catalanes residentes en el extranjero puedan votar previa inscripción voluntaria en el mismo. El principal escollo del proceso es, en cualquier caso, el censo electoral, que es propiedad del Estado y que la Generalitat, aunque conoce su contenido, no puede utilizar. El Gobierno catalán, CiU, ERC e ICV también están de acuerdo en que puedan participar en la votación de la consulta los mayores de 16 años.

El enfrentamiento por el proceso soberanista ha vuelto hoy al Parlamento catalán, y se mezcló con el debate sobre el simposio histórico España contra Cataluña que la Generalitat organizó la semana pasada. PP y Ciutadans han intentado, sin éxito, impulsar una moción en la que pedían el cese del organizador del acto, el historiador Jaume Sobrequés. El PSC ha secundado parcialmente la moción.