Alaya: “El fondo de los ERE era parte de la política económica de la Junta”

La juez Mercedes Alaya censuró ayer que el fondo de los ERE repartiera durante una década “millones de euros [850, según la Intervención del Estado] a empresas próximas al poder político o sindical, bien para supuestas inversiones que no se controlaban, bien para la prejubilación de sus trabajadores”. La crítica de la instructora a un sistema de ayudas “sin fiscalización previa ni bases reguladoras y absolutamente discrecional”, está incluida en el acta de imputación al secretario general de la agencia Idea, Juan Francisco Sánchez, que ayer se negó a declarar como imputado ante la magistrada. Esta le acusó de malversación, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, y a continuación la Fiscalía Anticorrupción pidió para él una fianza civil de 10 millones, mientras que la Junta no pidió medidas cautelares.

La juez estima que el fondo de los ERE fue desde 2000 “uno de los instrumentos de la política económica” de la Junta de Andalucía. Y Sánchez desempeñó supuestamente “un papel fundamental” para el impulso y ejecución de la actividad presupuestaria y gestión del gasto a partir de las modificaciones presupuestarias. El actual secretario de Idea fue secretario general técnico de la Consejería de Empleo y posteriormente secretario general técnico de Innovación, dos cargos desde los que conoció en profundidad el mecanismo de financiación de los ERE, según subraya Alaya. La juez le considera responsable del acuerdo que devino en las modificaciones presupuestarias (ampliación del fondo debido al gasto desaforado en pólizas para los expedientes) aprobadas por el Consejo de Gobierno a instancias de la Consejería de Hacienda. Y para culminar la posterior inclusión de la partida 31L en la Ley de Presupuestos, Alaya le achaca una “primordial participación” al aprovechar “la complejidad del lenguaje presupuestario”.

Tras Sánchez, compareció el exdirector de la agencia Idea entre 2008 y 2009 Jacinto Cañete, al que la juez achaca los mismos delitos: malversación, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. Alaya considera que Cañete contribuyó a dar continuidad al sistema de concesión irregular de ayudas y subvenciones a través de las transferencias de financiación que emitía la Consejería de Empleo a Idea, “quien asumía el pago de tales subvenciones siguiendo las órdenes de Empleo”. Cañete se reunió con el ex director general de Trabajo Juan Márquez para intentar mejorar el sistema de pagos de los ERE.

Cañete presentó un escrito ante Alaya para defender su gestión: “Ningún técnico de la agencia, ningún asesor jurídico de la agencia, nadie absolutamente de la organización advirtió al director general de que la materialización de los pagos del programa presupuestario 31L pudiere ser una actividad contraria a derecho, ilegal y menos aún, delictiva”. El exdirectivo aclaró que nunca participó en la génesis del fondo de los ERE, que supuso un 8% del presupuesto de Idea, y que los convenios siempre pasaron el control de los servicios técnicos de la agencia pública de la Junta.