Un ataque de euforia

El acuerdo alcanzado la semana pasada por el Gobierno catalán y cuatro grupos parlamentarios acerca de la pregunta y la fecha para una consulta sobre el futuro político de Cataluña provocó entre sus promotores un estallido de euforia semejante al de una victoria electoral. O más, pues muchos de ellos hablan de hecho histórico sin precedentes. En nada pareció afectarles que en pocas horas el Gobierno español y las dos principales fuerzas políticas españolas renovaran su rotunda negativa a permitir la consulta. Tanto da que la pregunta fuera inmediatamente descalificada por politólogos y expertos en demoscopia. Tanto da que en el camino hayan perdido el apoyo del PSC, que todavía ahora afirma que apoyaría una consulta de este tipo si se negociara con el Gobierno español.

Tanta euforia es difícilmente atribuible al simple hecho de que los promotores de un referéndum vayan perfilando su contenido y su calendario. Eso es algo que cabía dar por supuesto desde el momento en que comenzaron a recorrer este camino, incluso si se admite que cualquier pacto que implique nada menos que a seis partidos, como es el caso, resulta siempre complicado. No, un acuerdo que figuraba tan claramente como una etapa ineludible en su propia hoja de ruta no puede ser por sí mismo la causa de este desbordamiento de euforia.

Entonces, ¿a qué viene tanta alegría? A que, dejando aparte la oposición frontal del Gobierno de España, la convocatoria de una consulta como la que persigue la actual mayoría parlamentaria catalana cuenta con poderosísimos adversarios también en Cataluña. Y estos adversarios han perdido una batalla de la que en público se han visto algunos escarceos, pero que se ha librado sobre todo en los despachos. Se trata de poderes que han presionado para que la formulación de la pregunta fuera el momento de la división, del abandono del proyecto. La estación en la que se apearan algunos de los pasajeros.

Todos los protagonistas de esta partida saben que esta no es una pregunta con posibilidades reales de ser sometida a consideración de los ciudadanos incluso en el caso de que, finalmente, haya un referéndum

Ciertos poderes económicos no han ocultado en los últimos meses su inquietud ante el riesgo de que Cataluña haga saltar el statu quo político en el Estado español. Lo han dicho con todas sus letras algunas personalidades tan claramente ubicables como Alain Minc, un financiero miembro del consejo de administración de CaixaBanc, al que su condición de ciudadano francés que fue asesor político del presidente Nicolas Sarkozy confiere un relieve muy particular. No ha sido el único. Altos directivos del Banco de Sabadell han expresado su inquietud en términos parecidos. La principal patronal catalana se ha pronunciado a favor de un pacto fiscal. Y el Foro Puente Aéreo, formado por empresarios con intereses en ambos destinos de la ruta Madrid-Barcelona, ha expresado su preocupación por la creciente tensión política. Se trata del tipo de poderes que tienen acceso directo y fluido a los gobiernos. Baste decir que Salvador Alemany, uno de los más destacados ejecutivos que forman parte del citado foro, dirige a su vez el consejo asesor de economía creado por el presidente Artur Mas.

La pregunta será buena, mala o peor, y satisfará más o menos a unos o a otros pero, al fin y al cabo, a estas alturas es solo una propuesta que sus promotores están dispuestos a negociar con el Gobierno de Mariano Rajoy si éste optara por la vía del diálogo. Todos los protagonistas de esta partida saben que esta no es una pregunta con posibilidades reales de ser sometida a consideración de los ciudadanos incluso en el caso de que, finalmente, haya un referéndum. Lo que cuenta de esta pregunta es, sobre todo, que da fe de que sus redactores no han desistido del proyecto a pesar de las presiones de los medios empresariales y de los riesgos de fractura interna que la presión del independentismo provoca en las fuerzas políticas donde coexisten distintas identificaciones nacionales, en particular CiU e ICV. El descuelgue de los socialistas ha resultado inevitable. La hoja de ruta del PSC para una consulta en Cataluña exige un acuerdo previo con el Gobierno de España que los demás fuerzas catalanas perciben como imposible o, en su caso, posible solo si la presión ejercida por ellos amenaza con la desestabilización política de España.

Los motivos de esta euforia son, si bien se mira, los mismos que explican el afán descalificatorio con que la pregunta de marras ha sido tratada por buena parte de los que se oponen a la consulta. No en todos, desde luego, pero en muchos de ellos es perceptible una mezcla de desprecio e incluso de rabia que poco tienen que ver con lo desacertado de la formulación. Parecen proceder más bien del disgusto de comprobar que el cuestionamiento del statu quo vigente desde 1978 se consolida mes tras mes, pese a las hecatombes político-económicas con que el Gobierno del PP, sus entornos mediáticos y potentes medios económicos no cesan de amenazar al catalanismo si sigue por la vía en que se ha adentrado.

Atribuir ese cuestionamiento a la maldad intrínseca del nacionalismo catalán puede consolar a algunos, pero no resuelve el problema. Pensar que es el único elemento en este envite es ingenuo, cuando no interesadamente malicioso. Cierto, es terrible que la cuestión nacional acapare el debate. ¡Sería tan bonito, si se esfumara!