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El PP pide investigar las ayudas dadas entre 2010 y 2012

Los populares señalan a la gestión del expresidente José Antonio Griñán

La vicesecretaria popular, Alicia Martínez, este lunes en el sede del partido. Ampliar foto
La vicesecretaria popular, Alicia Martínez, este lunes en el sede del partido.

El PP ha anunciado que ha presentado un escrito en la causa judicial que instruye la juez Mercedes Alaya sobre el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en el que le ha instado a requerir a la Junta una copia íntegra de todos los expedientes de ayudas sociolaborales tramitadas por el Gobierno andaluz entre 2010 y 2012, periodo en el que era presidente José Antonio Griñán. Lo hace a raíz de la declaración, la semana pasada, del ex interventor delegado de Empleo, Juan Luque, en la que aseguró que “no había podido hacer informes de disconformidad en relación a unas ayudas excepcionales que se otorgaban mediante una resolución de 24 de febrero de 2012”, informa Europa Press. Asimismo, los populares han solicitado que Susana Díaz comparezca en el Parlamento para que explique si conocía el informe de la Intervención General del Estado (IGAE), hecho público el pasado sábado, en el que se achaca a Griñán y a la exministra Magdalena Álvarez que no frenaran el pago de los ERE.

La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP, Alicia Martínez, ha explicado que su partido ha solicitado una copia íntegra de todos los expedientes de ayudas sociolaborales tramitados por dicha consejería en los años 2010, 2011 y 2012 con cargo al programa presupuestario 31L —el conocido como fondo de reptiles— o cualquier otro programa presupuestario. También ha requerido una copia íntegra de todos los expedientes tramitados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública durante los mismos años y con cargo a esas partidas. Concretamente, las relacionadas con programas como el utilizado en el caso de los extrabajadores de Delphi.

Para el PP, el informe confirma “la gran mentira que ha montado el partido socialista para justificar el escándalo de los ERE”

Para ello, el PP ha aportado la resolución a la que hizo referencia Juan Luque. En ella, se acuerda la publicación de subvenciones excepcionales concedidas durante 2011, que fueron otorgadas “fuera de la orden que regulaba los requisitos” para tal efecto. “Con este escrito lo que pretendemos es que se aporte toda la información por parte de la Junta, cosa que hasta ahora no se está haciendo”, explica la popular, quien ha asegurado que la causa de los ERE es “un único caso, el del PSOE”.

Martínez también ha utilizado el paralelismo entre el caso ERE y el PSOE tras calificar como “grave” el informe presentado por la Intervención General de la Administración del Estado. “Todos los cauces acaban conduciendo al PSOE”, añade. La vicesecretaria ha vuelto a pedir la comparecencia de la presidenta porque “son todos los agentes implicados los que han pasado por el Parlamento de Andalucía haciendo una escenificación, pero nadie ha asumido las responsabilidades políticas de este escándalo”. Martínez ha instado a la presidenta a que explique “si conocía los datos de este informe y si de alguna manera marcó el calendario de la huida de Griñán”. Tras asegurar que el relevo en la Junta “estaba perfectamente organizado”, la popular ha acusado a Díaz de “tapar y colaborar en que no se conociera la magnitud de este escándalo”.

Para la dirigente, el documento de la IGAE confirma “la gran mentira que ha montado el partido socialista para justificar el escándalo de los ERE”. “En este informe se revelan y se confirman responsabilidades políticas muy claras que afectan a los principales miembros del Gobierno andaluz en la última década”, afirma Martínez en referencia no solo a Álvarez y a Griñán, sino también a la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo y al expresidente de la Junta Manuel Chaves.

La vicesecretaria ha explicado que “todos ellos basaron su defensa en que no había informes de actuación”, pero la IGAE determina que “todos ellos conocieron que había una práctica fraudulenta”, así como que “se estaban produciendo transferencias fuera de control y acumulando déficit cuando se podría haber evitado en menos de 24 horas”.