El poder de la estupidez
Lo que ha pasado con RTVV no es sino una muestra más de tanto desgobierno, de tanto despilfarro, de tanta inmoralidad, corrupción e incompetencia
Hace mucho tiempo que aquellos que dicen que nos gobiernan han ido demasiado lejos en demasiadas cosas. Sin duda el cierre de la RTVV ha causado una herida muy profunda. Simboliza el final brusco y traumático de un consenso básico, la ruptura de un hilo invisible que unía a una Comunidad política con lengua propia. Pero también han roto consensos básicos en políticas económicas y sociales. Se trata de todo un estilo de gobierno: consiste en recibir algo equilibrado, bien orientado y sostenible y en convertirlo, merced a sus propias decisiones erráticas, interesadas o equivocadas, en un servicio público, un sector o una institución quebrada. Lo que ha pasado con RTVV es lo mismo que han hecho con la Generalitat Valenciana en su conjunto en menos de veinte años. No es sino una muestra más de tanto desgobierno, de tanto latrocinio, de tanto despilfarro, de tanta inmoralidad, de tanta corrupción, de tanta incompetencia y de tanta estupidez.
Me parece pertinente recordar aquí la tesis del que fuera profesor emérito en Berkeley, el gran historiador Carlo M. Cipolla en su conocido panfleto Allegro ma non troppo. Decía el profesor que hay una Tercera Ley Fundamental (o ley de oro) que “presupone, aunque no lo enuncie explícitamente, que todos los seres humanos están incluidos en una de estas cuatro categorías fundamentales: los incautos, los inteligentes, los malvados y los estúpidos (…)”.
Han causado un perjuicio tal vez irreversible a su país sin obtener ganancia política alguna para sí mismos
“El malvado perfecto es aquel que con sus acciones causa a otro pérdidas equivalentes a sus ganancias. El tipo de malvado más ordinario es el ladrón (…). Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio (…). Algunos estúpidos causan normalmente sólo perjuicios limitados, pero hay otros que llegan a ocasionar daños terribles, no ya a uno o dos individuos, sino a comunidades o sociedades enteras (…). Entre los burócratas, generales, políticos y jefes de Estado se encuentra el más exquisito porcentaje de individuos fundamentalmente estúpidos, cuya capacidad de hacer daño al prójimo ha sido (o es) peligrosamente potenciada por la posición de poder que han ocupado (u ocupan)”.
Siguiendo la tesis de Cipolla, en texto premonitorio escrito en los años setenta, algunos malvados y una legión de estúpidos (pónganle ustedes rostro en cada caso) han corroborado aquí su ley de oro: han causado un perjuicio tal vez irreversible a su país sin obtener ganancia política alguna para sí mismos. Después de casi 20 años de gobiernos conservadores el país está intervenido, ha perdido la capacidad de dirigir las palancas de la recuperación económica, en especial su sistema financiero propio. Es un país incapaz de hacer oír su voz, incluso para pedir aquello que en justicia le corresponde, como una mejor financiación. Es un país quebrado, humillado, sin autonomía política, donde sus elites políticas en el Gobierno dificultan con sus continuos episodios de corrupción e imputaciones, incluso la actividad de empresarios y profesionales honestos que han de seguir exportando a pesar de ese entorno institucional tan adverso. Cierto que algunos de sus representantes, con sus silencios y complicidades han contribuido también a conducirnos a la quiebra económica, al aumento de las fracturas sociales y a una crisis política e institucional de imprevisibles consecuencias. Naturalmente, gracias también al amplio respaldo ciudadano que ha revalidado mayorías al partido conservador. No se olvide.
Esta gente que dice que nos gobierna, que se dicen liberales, en realidad son una versión pobre y falseada del liberalismo. Son ultraconservadores tan radicales como ignorantes o estúpidos. La versión de una derecha autoritaria, clientelar, amoral y cínica, que no cree en nada, que se envuelve hipócritamente en la bandera regional al tiempo que es incapaz de defender aquello que es nuestro. Que no defiende valores sino intereses privados, muchos inconfesables y opacos. Una derecha que no tiene empatía, que se obsesiona por polarizar a la sociedad, que está incapacitada para el acuerdo y el pacto. Una derecha obsesionada con recortar derechos y jibarizar la democracia hasta reducirla a una grotesca caricatura. Que amenaza, que estigmatiza, que expedienta, que sanciona, que reduce los espacios de expresión, que reprime. Que es capaz incluso de vulnerar algunos principios, como el de la defensa activa de la lengua propia, cerrando el único medio público de expresión a uno de los pueblos más antiguos de Europa con instituciones políticas propias.
Hacen una peculiar interpretación de un liberalismo “castizo” y provinciano y del papel del Estado. Argumentando de forma interesada y muchas veces falsa, que la gestión privada es más eficiente, consiste en entregar al sector privado, muchos de ellos amigos, las partes rentables del Estado de bienestar, convirtiendo derechos en mercancías y ciudadanos en clientes y usuarios. Naturalmente mientras que son rentables. Cuando dejan de ser negocio, acuden en socorro de aquellos compensando, rescatando, estatalizando o renegociando cláusulas de contratos en nombre del gobierno con los impuestos de todos los ciudadanos.
Están vendiendo por lotes las partes del sector público que son negocio al tiempo que socializan pérdidas. El caso de RTVV puede ser todavía más dramático: arruinar un medio, clausurarlo y entregar la frecuencia, el patrimonio y los despojos aún rentables a cualquiera. Como han entregado la parte del sistema público de salud que es negocio, o como han arruinado Bankia, la CAM o el Banco de Valencia para luego malvenderlo por un precio simbólico. Se trata de una hoja de ruta suicida: privatizar mientras tengan tiempo, despreciar la autonomía política (algunos incluso piensan en devolver competencias al Estado) y recortar derechos y libertades ¿Cabe mayor indignidad? ¿Cabe mayor estupidez?
Están vendiendo por lotes las partes del sector público que son negocio al tiempo que socializan pérdidas
Hubo un tiempo en el que muchos de mi generación salían de las prisiones franquistas para ocupar responsabilidades políticas. Hoy, muchos responsables políticos hacen el camino inverso: se ven obligados a abandonar la política para ingresar en prisión. Otros utilizan las instituciones democráticas para hacerse “constitucionalmente inmunes” en palabras de Ermano Vitale, atrincherados en los parlamentos para eludir la acción de la justicia amparándose en el anacrónico e intolerable privilegio de aforado. Con alguna imagen que lo dice todo: los mismos diputados que solicitan el indulto para uno de los suyos condenado por prevaricación, votan días después de forma unánime a favor del cierre de RTVV en perjuicio de todos. No solo no son capaces de respetarse a sí mismos, sino que erosionan gravemente el prestigio de instituciones democráticas y faltan al respeto a toda una comunidad política.
Hay una parte muy amplia de la sociedad valenciana, no solamente del mundo de las izquierdas, que también siente la pérdida de una pieza esencial para contribuir a la vertebración de un país todavía invertebrado y que aún evidencia un tibio sentimiento de pertenecía a un proyecto colectivo. Por eso, además de los sectores progresistas, pienso también en miles de electores conservadores que sienten rabia e impotencia porque unas gentes sin formación, sin sentimiento de pertenencia y sin vergüenza les han arrebatado algo esencial.
En este nuevo tiempo que se empieza a vislumbrar es imprescindible el compromiso de una amplia mayoría social que no solo integre a los sectores progresistas sino que vaya más allá. Después de desescombrar tanta ruina y tanta mugre, tanta incompetencia, tanta corrupción y tanta estupidez, será el momento de levantar sobre nuevos cimientos, otra forma de ocuparse de la economía, de las políticas sociales, de la lengua, de cómo recuperar la decencia y la dignidad de este País postrado y “menystingut”.
Si queremos construir un proyecto sugestivo de convivencia, hemos de convencer a una mayoría social no solo de que muchos de estos que ahora ocupan las instituciones son indignos para gobernar este país, sino de que es posible hacerlo de una manera muy distinta y de que vale la pena intentarlo. En caso contrario, si revalidaran su mayoría en las urnas, todo lo que nos ocurra será poco. Son tiempos de compromiso cívico. Por mera cuestión de dignidad. Entre todas y todos, y de todos los colores, seremos capaces de hacerlo. Solo depende de nosotros.
Joan Romero es profesor universitario y miembro de la plataforma cívica Ciutadans pel Canvi
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