Concursos municipales en jaque por las bajas temerarias

Las adjudicaciones públicas del Ayuntamiento de Barcelona están en el punto de mira. Los concursos en los que participan empresas privadas para explotar servicios públicos han sido siempre un terreno pantanoso y, a pesar de que están muy regulados, suscitan dudas, contradicciones y muchas quejas. Tantas que, por primera vez, todos los partidos de la oposición municipal —PSC, PP, ICV y UxB— se han puesto de acuerdo para presentar el mismo ruego a la Comisión de Presidencia y Régimen Interno y reclamar al Gobierno municipal que elabore un informe jurídico que ponga las bases de un nuevo sistema de adjudicaciones públicas. El Gobierno no ha podido oponerse y asegura que aceptaba el encargo de buena gana.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento tienen ahora tres meses para encontrar una fórmula legal que permita dejar fuera de los concursos a las ofertas que sean demasiado bajas, las llamadas bajas temerarias, ya que los partidos temen que puedan acabar realizando un mal servicio. Según el compromiso adquirido, también tendrán que buscar un sistema que permita garantizar que las empresas cumplen con los derechos laborales de sus trabajadores y que el servicio se ejecuta con eficiencia.

El episodio que ha colmado las dudas sobre el sistema actual y ha unido a todos los partidos de la oposición ha sido la reciente adjudicación del servicio de semáforos. En la subasta, que se hace por Internet, el Ayuntamiento ofrecía el control de las señales luminosas de media ciudad por poco más de 11 millones de euros. Pero las empresas interesadas se lanzaron a una carrera de ofertas a la baja que llevó a una de ellas (Teva) a ganar la licitación por solo cinco millones, lo que pone sobre la mesa la cuestión de si con un coste tan bajo la empresa podrá garantizar un servicio de calidad.

El concejal del PSC David Escudé destaca la importancia de que las empresas que ganan los concursos garanticen los derechos laborales de sus trabajadores: “No queremos que en Barcelona pase como en Madrid, donde el afán desmedido por recortar provocó que las calles se llenaran de bolsas de basura con la cara de la alcaldesa”. El concejal del PP Óscar Ramírez se mostró convencido de que durante el año que viene Barcelona tendrá problemas con los semáforos.

La revisión del sistema de adjudicaciones públicas ha sido una grata sorpresa para las entidades sociales, que llevan tiempo reclamándola. El presidente de la patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, Xavier Puig, forma parte de la comisión de contratación pública que el Ayuntamiento creó para tener en cuenta las peticiones de sector. “El Ayuntamiento dice que tiene la voluntad de cambiarlo y tenemos un diálogo abierto, pero pasan los días y vamos perdiendo los contratos”, lamenta. Las entidades que han gestionado durante muchos años servicios públicos de atención a las personas, como centros juveniles, centros cívicos y residencias lamentan el aterrizaje en los últimos años de multinacionales dispuestas a competir con ofertas muy agresivas, a menudo rozando las bajas temerarias. “El sistema va en contra de todos, porque implica pagar menos a los trabajadores y ofrecer un peor servicio a niños, ancianos o discapacitados”, concluye Puig.