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OPINIÓN

Espías y desprestigio democrático

La seguridad privada junta a CiU con Rajoy, y en Cataluña PP y PSC desairan al Parlament al no dar explicaciones por Método 3

La fiebre privatizadora amenaza al monopolio estatal de la violencia. Esta semana tres partidos de inspiración cristiana -PP, CiU y PNV- han decidido dar a los vigilantes privados potestad para patrullar y detener ciudadanos por las calles. Ahora que pasado y presente se funden en simposios que desdibujan las fronteras entre historia y política, no está de más recordar que España ha sido vanguardista en este tipo de privatizaciones. El Estado cedió poder represivo tanto a sus cloacas, con los pistoleros del Sindicato Libre de Martínez Anido, en la Barcelona que despertaba al anarquismo a principios del siglo XX, como a los púlpitos, con los tribunales eclesiásticos que ordenaron ejecuciones por delitos de herejía. Lo hicieron hasta 1826 y la última víctima fue el deísta Cayetano Ripoll, ahorcado en Valencia, con un tétrico y fallero decorado de llamas dibujadas, para que no faltaran alusiones a la tradición.

La citada ley de seguridad privada ha tenido también la virtud de reconciliar en un asunto ideológico-material a dos nacionalismos antagónicos: el de PP y el de CiU. Los intereses han pasado por encima de antinomias aparentemente tan profundas como la que enfrenta a defensores y detractores del referéndum de autodeterminación de Cataluña. Esas contradicciones en lo que al eje nacional se refiere también se manifiestan en el otro eje: derecha-izquierda. El antagonismo de clase ha cedido el paso a un triste sindicato de intereses a la hora de dar explicaciones en el Parlament por el llamado caso Método 3 de espionaje. Todo ha sucedido después de que la Audiencia de Barcelona diera hace unos días carpetazo judicial, archivara y cerrara en falso la causa por la grabación con micrófono oculto de un almuerzo entre la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y Victoria Álvarez, ex novia de Jordi Pujol Ferrusola en el restaurante la Camarga de Barcelona.

La forma en que PP y PSC han dado esquinazo a las peticiones de comparecencia en el Parlament por el caso Método 3 son dignas de figurar en los manuales de desprestigio de las instituciones democráticas. Estamos ante una práctica más que generalizada entre quienes frecuentan los círculos de poder para mantener su impunidad a base de crear frustración entre los ciudadanos. La Cámara legislativa catalana a la que tanto aseguran respetar no dispone de ningún mecanismo legal que obligue a comparecer a sus propios miembros aunque lo apruebe la mayoría absoluta, como sucede en el caso de Sánchez Camacho. Y tampoco puede hacer dar explicaciones a José Zaragoza, ex secretario de organización del PSC y, por cierto, diputado en el Congreso, a quien apuntaban los indicios como responsable de haber encargado la grabación.

La conducta de ambos partidos actúa en detrimento del prestigio de las instituciones de las que forman parte de ellas y, por tanto, deberían estar más que interesados en defender. Pero la fuerza del sindicato de intereses mueve a sus integrantes a taparse mutuamente las vergüenzas, sobre todo cuando pueden argumentar que hay de por medio un carpetazo judicial tan sorprendente como y el perdón previo de la líder del PP a los espías de Método 3.

No es poco habitual, aunque no por ello menos decepcionante que los grandes principios cuando chocan con la realidad queden liberados de sus límites éticos. Método 3, además de ser una agencia de detectives en liquidación, da la medida de buena parte de la clase política catalana. Además de grabar un almuerzo que podía ser de utilidad electoral para socialistas y populares -el de la ex amante de Jordi Pujol Ferrusola-, la agencia de detectives ha actuado durante los años de la hegemonía político-electoral de CiU y PSC como una central de espías dobles al servicio tanto de la calle Nicaragua como de la calle Còrsega, donde se hallan respectivamente la sedes socialista y de Convergència. La irrupción de la policía en el local de Método 3 tras estallar el caso Camarga provocó la dimisión de Xavier Martorell como director general de Prisiones de la Generalitat a finales de la pasada primavera, al ponerse de relieve que había encargado espiar a dirigentes políticos catalanes y a jugadores de Barça mientras estuvo en la junta del club.

El espionaje de medio pelo al que se ha dado alas durante años queda lejos del glamour de los grandes protagonistas del género durante la guerra fría, aquellos agentes dobles británicos intelectualmente brillantes, mayoritariamente católicos, homosexuales y comunistas.

Inexplicablemente, el impulso de Método 3 no ha sido canalizado para lanzar el Centro Nacional de Inteligencia catalán -la Agencia de Seguridad Nacional- y así aprovechar una vez más las sinergias entre lo público y lo privado.

En Cataluña todo ha quedado reducido al tamaño de su emprendedora menestralía, mientras el pragmatismo y el sindicato de intereses se encargaban de pulverizar los principios.