La fiscalía avisa: el abuso de cargos de confianza alimenta la corrupción

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana advirtió este miércoles sobre las condiciones que han propiciado en los últimos años una avalancha de casos de corrupción, en los que han sido imputados más de una decena de diputados de las Cortes Valencianas, ocho antiguos miembros del Gobierno de la Generalitat, dos presidentes y un vicepresidente de diputaciones provinciales, un alto número de alcaldes y otro aún mayor de cargos intermedios de la Administración autonómica.

La fiscalía considera que la “proliferación de funcionarios eventuales o cargos de confianza con fidelidades personales o partidistas facilitan la suma discrecionalidad o arbitrariedad”, alimentando las “conductas desviadas”.

El debilitamiento de la Administración, mediante el relevo de funcionarios por personal designado a dedo, que ha sido común en numerosas consejerías, empresas y entidades de la Generalitat desde hace años, y su efecto en la facilitación de la corrupción también fue advertida en diciembre pasado por José Ceres, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano que investiga el caso Gürtel. En el auto que cerró la instrucción sobre las adjudicaciones de la feria turística Fitur, con las que la red se embolsó cinco millones de euros, el juez subrayó la escasez de funcionarios en la Agencia Valenciana de Turismo, donde se aprobaron las adjudicaciones. Y la menor capacidad de resistencia ante órdenes ilegales que ello podía implicar.

La corrupción afectó también a las cajas y al Banco Valencia, señala el fiscal

La fiscalía, que ayer presentaba su memoria anual en las Cortes Valencianas, apuntó en la misma línea hacia la “falta de controles previos administrativos (la previa intervención) y de controles en contratos administrativos” que se ha venido produciendo como contexto favorecedor de la corrupción.

Esta, advirtió el ministerio público, ha alcanzado en la comunidad autónoma “al mundo empresarial y al negocial”, como demuestran las investigaciones abiertas en “las cajas de ahorros CAM y Bancaja o el Banco de Valencia, con el abuso de sus directivos y el favorecimiento de amigos y políticos que han concluido con el fin de tales entidades financieras”. La fiscalía no lo menciona, pero el Banco de Valencia estaba integrado en el Grupo Bancaja que a su vez, igual que la CAM, estuvo indirectamente controlada por la Generalitat desde finales de los años noventa hasta prácticamente su desaparición.

El informe de la fiscalía contiene una propuesta de reforma legislativa para que los aforados autonómicos (fundamentalmente diputados de las Cortes y miembros del Consell) puedan ser investigados por jueces ordinarios, y no solo por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, compuesta por cinco magistrados y sobrepasada en esta etapa por el alto número de asuntos que tiene que investigar y enjuiciar.

Al ser solo cinco magistrados, los jueces que celebran los juicios han resuelto previamente recursos de esa misma causa en la fase de instrucción. Y ello “supone la posibilidad o mejor probabilidad alta de que la sala se contamine por el conocimiento previo de la causa que luego debe enjuiciar, lo que determinaría la sustitución de todos los magistrados así afectados por otros magistrados de otras salas del mismo Tribunal Superior”, añade el fiscal, que concluye: “Tendríamos de nuevo la pérdida de la finalidad por la que se creó esta sala especial”.

Ese ha sido el argumento utilizado por varios imputados en la pieza de Fitur, del caso Gürtel, para recusar a los tres magistrados que deberían enjuiciarlos en el segundo trimestre del año que viene. Una petición que tiene pocas posibilidades de éxito, según opinan fuentes jurídicas, dado que esa línea convertiría en inoperantes a todos los tribunales superiores de España.

El fiscal también advierte de que la escasez de magistrados hace que al final todos resuelvan recursos contra las resoluciones de quienes actúan como instructores “lo que puede influir en la resolución de los recursos por respeto o camaradería hacia lo resuelto por magistrados compañeros instructores”.

La reforma legislativa, que se propone aplicar igualmente al Tribunal Supremo, lleva la firma del anterior fiscal superior, Ricard Cabedo, aunque fue presentada ayer con el resto del informe por su sucesor, Antonio Montabes.